Los abogados de Felipe “El Militar” Sosa difundieron un comunicado en el que ponen en tela de juicio distintos aspectos del proceso judicial en su contra, al tiempo que advierten por el deterioro físico y psicológico del imputado, acusado de haber provocado la muerte de Érika Antonella Álvarez en enero pasado.
Según la reconstrucción del caso, la joven fue brutalmente golpeada el 7 de enero en una vivienda ubicada en Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena, y su cuerpo apareció al día siguiente en un descampado de Manantial Sur. En ese contexto, la defensa técnica de Sosa, integrada por Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, planteó una serie de objeciones vinculadas tanto a las condiciones de detención como al avance de la causa.
Uno de los puntos centrales del comunicado se enfoca en la situación personal del acusado. Los letrados sostienen que Sosa no estaría en condiciones de prestar declaración de manera normal, atribuyendo esta limitación a un cuadro derivado del aislamiento prolongado, la medicación y un marcado deterioro de su salud.
Describieron un régimen de encierro extremo, con escasa interacción, salidas mínimas y vigilancia permanente.
En esa línea, detallaron que el imputado presenta múltiples complicaciones físicas, entre ellas temblores, arritmias, episodios de miedo y otras afecciones que —según indicaron— habrían sido constatadas tanto por profesionales del sistema penitenciario como por médicos del ámbito público. Afirmaron, además, que especialistas recomendaron levantar el aislamiento e incorporar actividades recreativas, aunque esas indicaciones no habrían sido implementadas.
La defensa también remarcó que existe una resolución judicial que ordena adecuar las condiciones de detención conforme a criterios médicos, pero denunciaron que dicha disposición no se estaría cumpliendo. Por el contrario, aseguran que el aislamiento se habría intensificado. En ese marco, advirtieron que el impacto de la detención no sólo recae sobre el imputado, sino también sobre su entorno familiar, integrado por personas mayores que residen fuera de la provincia y deben trasladarse para asistirlo. En ese sentido, invocaron el principio de intrascendencia de la pena, subrayando que Sosa permanece bajo prisión preventiva.
Otro de los aspectos señalados apunta a la actuación de la defensa anterior. Los actuales abogados indicaron que durante ese período se adoptaron decisiones en un contexto de vulnerabilidad del acusado, quien se encontraba aislado, medicado y sin contacto real con el exterior. Asimismo, mencionaron la existencia de conductas que, a su entender, no se ajustaron al ejercicio profesional adecuado y que habrían perjudicado su situación procesal.
En cuanto a la hipótesis de riesgo de fuga, los letrados cuestionaron la versión que circuló públicamente sobre la detención de Sosa con un pasaporte en su poder. Según afirmaron, el acta de la Policía Federal no registra ese elemento, lo que —a su criterio— genera dudas sobre ese planteo.
La autopsia, considerada por la defensa como una prueba clave en el expediente, también fue objeto de críticas. Señalaron inconsistencias en los criterios de acceso al material pericial: inicialmente se habría indicado que las imágenes se incorporarían a un sistema, luego que debían retirarse en formato digital y, finalmente, que sólo pueden visualizarse dentro de la fiscalía. Advirtieron que esta modalidad dificulta el trabajo de su equipo pericial, que se encuentra en Buenos Aires, y plantearon cuestionamientos en torno a la igualdad de condiciones dentro del proceso.
Los abogados también pusieron el foco en la ausencia de mecanismos de control sobre las condiciones de detención. Indicaron que en la provincia no existe un organismo local de prevención de la tortura y que no se permite el ingreso de entidades externas, por lo que —según afirmaron— la única versión disponible es la del Servicio Penitenciario.
En paralelo, recordaron que Sosa enfrenta una causa federal por tenencia de estupefacientes. Explicaron que, si bien en una primera instancia había sido sobreseído, esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y posteriormente revocada por la Cámara Federal, que dispuso su procesamiento. Sobre ese expediente, señalaron que aguardan formalizar su intervención para acceder a la causa y avanzar con las impugnaciones correspondientes.
En el cierre del comunicado, la defensa enumeró una serie de factores que, según su mirada, confluyen en el caso: condiciones de aislamiento extremo, deterioro de la salud, falta de controles externos, limitaciones en el acceso a la prueba e incumplimiento de resoluciones judiciales.
“Hay una persona que no está en condiciones de defenderse por sí misma”, sostuvieron, al tiempo que dejaron planteado un interrogante sobre el rumbo del proceso: si se trata de una investigación penal o de un mecanismo de desgaste.
Fuente: Contexto