“Por favor hagan algo con los milicos coimeros que nos sacan toda la plata”. Esa fue la frase de la primera denuncia anónima que recibieron las autoridades y que inició la investigación que dejó al descubierto una red de corrupción. Un sistema de arreglos entre personal de Gendarmería Nacional y bagayeros que permitía el traslado de mercadería ingresada ilegalmente al país y droga.
Los fiscales federales Carlos Amad (Salta) y Agustín Chit (Tucumán), al descubrir que ambos realizaban las mismas investigaciones, decidieron trabajar en conjunto. La hipótesis que manejaban era que efectivos de esa fuerza nacional cometían dos tipos de ilícitos. Cobraban sobornos en los controles o arreglaban con los tours de compra para permitirles el paso hacia Orán, le brindaban información sobre dónde podría ser revisados y garantizar la circulación por las rutas tucumanas.
El miércoles se realizaron allanamientos en Catamarca, Tucumán y Salta. Fueron detenidos 20 gendarmes y nueve civiles, se secuestraron al menos $46 millones y en la casa de los acusados se encontraron mercadería que los efectivos habrían secuestrado, no declararon y que probablemente las vendían.
Una audiencia
En Salta, donde rige el nuevo código procesal penal federal, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de ocho gendarmes. No sólo se confirmó que serán acusados de haber formado una asociación ilícita que cobraba sobornos a los bagayeros para beneficio propio, sino que se le dictó la prisión preventiva por dos meses.
El puesto de control “El Naranjo” es el último que deben superar los tours de compra. Ubicado a 18 kilómetros de Rosario de la Frontera (localidad salteña que está ubicada a unos 130 kilómetros de la capital tucumana), donde prestaban servicios los ocho procesados, se habría transformado en una especie de centro de cobro.
“En algunos casos, los sobornos se exigían directamente a los comerciantes que viajaban en sus vehículos particulares, mientras que, en otros casos, los pagos se acordaban con los coordinadores de los tours de compra y se hacían mediante transferencia a cuentas de familiares de los efectivos implicados”, afirmó Chit que participó de la audiencia.
Su par Amad fue contundente al señalar que los acusados conformaban una asociación ilícita criminal, la que tenía como fin la apropiación de dinero de manera ilegal. “Tenían una ganancia de un millón de pesos por día”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien también remarcó que “ninguno de los acusados podía justificar la gran cantidad de dinero secuestrado”.
La auxiliar fiscal Roxana Gual dio a conocer tres detalles clave que surgieron en la investigación. El primero fue que al investigar el caso descubrieron que en ese control se había una notoria disminución de secuestro de drogas. Otro, que al haber sospechas de pago de sobornos, sólo se rotaba a los superiores. Por último, se enteraron que algunos gendarmes pagaban a los responsables hasta $400.000 para que lo destinen hasta ese lugar.
Amad comentó que los acusados pedían entre $3.000 y $7.000 a los comerciantes que regresaban desde el norte del país para que no les quitaran la mercadería. “Por esa razón los montos encontrados eran en su mayoría de baja nominación”, analizó.
La defensa
Los agentes Gustavo Pozo y María Laura Rodríguez; los cabos Pablo Méndez y Olga Daiana Rodríguez, Matías Daniel Aranda, Rubén Rodríguez y Raúl Portillo; y el sargento Nelson Bautista negaron la acusación en su contra.
Al hacer uso de la palabra, todos desconocieron relación con el grueso del dinero secuestrado y admitieron como suyas solo las sumas incautadas en la requisa personal que no llegaban a los $100.000. A los que le encontraron una mayor cantidad de efectivo, señalaron que era producto de los ahorros de mucho años.
Amad criticó el intento realizado por los acusados por despegarse del dinero que fue incautado en su ámbito de resguardo. “Es como si algún filántropo o acaso el Gran Bonete aparecieron y dejaron dinero en bolsos y mochilas que solo los acusados podían tener acceso”, ironizó.
Sobre la prisión preventiva, el juez Julio Bavio dictó la misma, pero en el caso de Rodríguez y Méndez, ordenó que lo sea bajo la modalidad de arresto domiciliario. El resto, en tanto, será trasladado a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. Por último, dio por formalizada la investigación y autorizó las pericias pendientes y el levantamiento del secreto fiscal.
En Tucumán
Por otra parte, ayer el fiscal Chit convocó a una audiencia de orden donde participaron los 12 gendarmes y nueve civiles detenidos por la investigación que se desarrolló en esta provincia.
En el acto procesal les mostró las pruebas que había en su contra y les confirmó que a partir del lunes comenzarán a brindar declaración indagatoria.
Dos códigos para un solo expediente: insólita situación por una cuestión procesal
“Y bueno… Lamentablemente el estimado fiscal (Agustín) Chit está padeciendo con el sistema acusatorio”, bromeó el fiscal federal Carlos Amad al referirse que en Salta, donde rige el nuevo código procesal penal federal, en poco más de 48 horas se resolvió la situación procesal de los ocho gendarmes detenidos en esa provincia.
Mientras que el fiscal federal de Tucumán comenzará recién el lunes con las declaraciones indagatorias de los 12 efectivos de Gendarmería y nuevos civiles que fueron arrestados en esta causa. Una vez que se cumpla el plazo, el juez federal José Manuel Díaz Vélez tendrá 10 días para resolver qué hará con estos acusados.
Pero esas no fueron las únicas diferencias que se plantearon en el caso por la utilización de dos códigos procesales penales. Amada logró ayer que el juez federal Julio Bavio levantara el secreto financiero para investigar los movimientos de los procesados.
Chit, para sumar pruebas en la investigación de los involucrados tucumanos ya tiene en su poder los resultados de esos informes.
Según se estima, el nuevo código se pondrá en vigencia en nuestra provincia en junio de 2025.
Fuente: La Gaceta