Las pruebas genéticas incorporadas recientemente al expediente por el asesinato de Érika Antonella Álvarez profundizaron la compleja situación judicial de Felipe “El Militar” Sosa. Los análisis de ADN practicados sobre el cuerpo de la víctima confirmaron la presencia del perfil genético del acusado, un resultado que refuerza la hipótesis de los investigadores respecto de que habría sido la última persona que estuvo con la joven antes de su muerte.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, en la madrugada del 7 de enero la víctima ingresó al domicilio de Sosa, situado en la calle Santo Domingo al 1.100 de Yerba Buena. Desde ese momento no se volvió a tener noticias de ella hasta el jueves 8, cuando su cuerpo fue hallado en un descampado del barrio Manantial Sur.
En la causa también se encuentran imputados Justina Gordillo —funcionaria judicial y pareja de Sosa—, Jorge “Chicho” Díaz, señalado como empleado de confianza del acusado, y Nicolás Navarro Flores, identificado como un allegado del principal sospechoso.
El fiscal Pedro Gallo esperaba el resultado de las pericias genéticas para consolidar la línea investigativa. Si bien desde el inicio se sabía que la víctima había estado en la casa del imputado, aún faltaba establecer si otras personas participaron de ese encuentro, ya que —según trascendió— el acusado solía organizar encuentros sexuales con más de un participante.
Las muestras genéticas fueron obtenidas de distintas partes del cuerpo de la víctima, entre ellas la boca, las zonas íntimas y debajo de las uñas. Posteriormente se compararon con los perfiles genéticos de Sosa y de Gordillo. El análisis detectó ADN del principal imputado, mientras que no se hallaron rastros genéticos de la funcionaria judicial.
La presencia de material genético bajo las uñas de la víctima también es interpretada por los investigadores como un posible indicio de que la joven habría intentado defenderse durante el ataque.
El resultado de los estudios debilita una de las hipótesis que sostenía la defensa del acusado. Marcelo Consiansi, ex abogado de Sosa, nunca negó que la muerte se hubiera producido dentro del domicilio de su asistido. Sin embargo, su estrategia apuntaba a instalar que el fallecimiento habría ocurrido en el marco de una situación trágica vinculada al consumo de drogas y no a un homicidio.
La eventual existencia de signos de defensa por parte de la víctima pondría en crisis esa versión. Ahora se espera conocer cuál será la postura del nuevo defensor del acusado, Gustavo López Peña, el tercer abogado que asumió su representación.
En contraste, los resultados de la pericia podrían beneficiar a Gordillo. Sus abogados, Florencia Abdala y Camilo Atim, sostienen que el estudio respalda la versión de su defendida, quien asegura que no estuvo en la vivienda cuando ocurrió el crimen ni participó de un encuentro sexual con la víctima y su pareja. La acusada había negado esa posibilidad, aunque en pericias telefónicas se estableció que la pareja mantenía ese tipo de prácticas, las cuales no constituyen delito.
La situación procesal de Jorge “Chicho” Díaz y de Nicolás Navarro Flores sería distinta. Según la investigación, su participación habría ocurrido después de que la joven ya hubiera sido asesinada. Los investigadores creen que Díaz pudo haber colaborado en la limpieza de la escena del crimen, mientras que Navarro Flores habría intervenido en el traslado y abandono del cuerpo. Ambos están imputados por encubrimiento.
En los últimos días comenzaron a aparecer señales de que algunos de los acusados podrían romper el silencio. Navarro Flores manifestó su intención de declarar para dar su versión de los hechos. Inicialmente estaba previsto que lo hiciera tras ser trasladado desde el penal de Benjamín Paz, pero el imputado sufrió una descompensación vinculada a problemas de diabetes, por lo que la audiencia fue reprogramada para el viernes.
Por su parte, Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, indicó que analiza el momento oportuno para que su cliente preste declaración ante el fiscal Gallo. Según sostuvo el abogado, están reuniendo pruebas que demostrarían que su defendido es inocente y que acudió al lugar únicamente por pedido de su empleador.
Justina Gordillo fue la primera de los imputados en brindar su versión de los hechos. Sus defensores afirmaron que su testimonio permitió avanzar en la investigación, aunque el fiscal Gallo rechazó esa interpretación y aseguró que las detenciones se produjeron a partir del trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, sostuvo en cambio que la funcionaria judicial “había perdido la oportunidad de decir la verdad”.
Mientras tanto, el fiscal Gallo solicitó una nueva audiencia para modificar la acusación contra Sosa. Hasta el momento el imputado está acusado de homicidio, pero a partir de las pruebas reunidas no se descarta que la imputación sea agravada. Entre las posibilidades figura la incorporación de la figura de femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua.
El futuro procesal de los otros tres acusados todavía no está definido. No obstante, fuentes judiciales anticipan que las imputaciones también podrían endurecerse, lo que a su vez complicaría los intentos de las defensas para obtener la libertad de sus clientes, un pedido que vienen planteando desde hace varias semanas.
Fuente: Contexto