Finaliza la feria judicial y en Comodoro Py hay decisiones clave que involucran a Alberto Fernández. La justicia federal debe tomar dos decisiones determinantes sobre él. En primer lugar si será procesado, o no, por presuntos hechos de corrupción en el marco de la causa que investigó los 45 contratos con Nación Seguros SA, donde intermediaron 25 brokers del rubro. Por otro lado, debe declarar este martes como imputado en el expediente que inició traslado a denuncia penal de Fabiola Yañez, donde se lo acusa por hechos vinculados a la violencia de género.
Comodoro Py, el fuero donde se investigan los delitos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico, retoma la actividad judicial en medio de un año electoral y con causas de alto impacto político. Las primeras decisiones, sin embargo, involucran directamente a Alberto Fernández.
El ex presidente, acusado de lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, Fabiola Yañez, debía declarar el 19 de diciembre, pero después de recusar al juez Julián Ercolinii y de que éste rechazara los argumentos planteados, el caso llegó a la Cámara Federal porteña.
Ante esa primera circunstancia el magistrado resolvió postergar, durante una semana, la audiencia indagatoria. Pero como el expediente llegó ante la instancia superior, donde de manera unipersonal el camarista Eduardo Farah, resolvió confirmar al magistrado del caso.
Ante esa resolución el ex presidente de la Nación deberá presentarse este 4 de febrero a las 11 de la mañana en los Tribunales de Retiro. La imputación formulada en su contra refiere a lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un marco de violencia de género contra la ex primera dama.
La investigación inició en agosto del año pasado, cuando la ex primera dama lo denunció penalmente horas después de la información exclusiva que publicó Clarín sobre las pruebas que en sus manos tenía la justicia federal que exponían posibles hechos de violencia contra Yañez, por dos presentaciones formuladas por la abogada Silvina Carreira.
En esta causa el único acusado es Alberto Fernández, con lo cual una vez que se escuche su descargo, el magistrado deberá resolver si hay elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal que la fiscalía a cargo de Ramiro González le atribuyó al solicitar que sea indagado.
El análisis de todas las pruebas reunidas durante los meses de pesquisa permitió al fiscal González “acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”.
Esos sucesivos actos de violencia, consideró Ramírez, ocurrieron durante «la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia”.
Lo que señala la acusación es que Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
La causa por corrupción en los seguros
En la causa donde se imputó a Fernández por presuntos hechos de corrupción en relación a los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers, la situación es distinta que en el caso por los delitos vinculados a la violencia de género.
El 26 de noviembre el ex mandatario fue indagado por Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. En total son 39 personas las que fueron citadas para brindar explicaciones ante la justicia federal.
En su paso por Comodoro Py, el ex presidente presentó escrito de descargo, hizo una declaración vinculada con su controvertido decreto que obligó a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros y la participación de intermediarios, negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas del instructor del caso.
El ex jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, ya fueron indagados Héctor Martínez Sosa, quien se quedó con el 42% de los contratos, y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.
Uno de los puntos bajo estudio es el decreto 823/2021 firmado por el entonces presidente Fernández que habilitó la intermediación de los brokers de seguros, a quienes se les pagaron más de 3.300 millones de pesos en comisiones desde 2019 a 2024. Todo fue negado por el ex jefe de Estado.
Con la ronda de indagatorias concluida, el juez Ercolini está en condiciones de resolver si procesa a todos los imputados, listado encabezado por Fernández, o si por el contrario entiende que no hay elementos para sustentar las acusaciones. Esa resolución también pasó para después de la feria judicial de verano.