Alberto Lebbos denunció que 25 investigaciones penales vinculadas con el encubrimiento del crimen de su hija Paulina permanecen sin avances informados en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán. El reclamo cobró fuerza después de la absolución de Virginia Nazarena Mercado en una causa por encubrimiento agravado y ante el riesgo de que algunos expedientes prescriban.
El listado presentado por el padre de la víctima reúne actuaciones derivadas de la sentencia dictada el 25 de febrero de 2019 por la Sala Penal III. En aquel fallo, que adquirió firmeza, fueron condenados integrantes de la entonces Secretaría de Seguridad y de la cúpula de la Policía provincial.
Los jueces Carlos Caramutti, Rafael Macorito y Dante Ibáñez ordenaron además investigar a más de 40 personas por posibles delitos detectados durante el proceso, entre ellos encubrimiento, falso testimonio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Lebbos sostiene que esas remisiones dieron origen a 25 legajos que no registran actividad procesal conocida o sobre los cuales no recibió información acerca de avances. La nómina incluye a ex funcionarios de la gestión del exgobernador José Jorge Alperovich, policías, peritos y testigos que declararon durante el juicio oral.
Una de las investigaciones mencionadas comprende al propio Alperovich; al ex ministro Mario López Herrera; al ex subsecretario de Seguridad Eduardo Oscar Di Lella; al funcionario José Gerardo Ardiles; al ex jefe de Policía Hugo Sánchez; al ex subjefe Luis Nicolás Barrera, y al ex jefe de la Regional Norte Rubén Héctor Brito.
En ese mismo legajo aparecen Heberto Arturo Cortez, José Eduardo Díaz, Margarita de Fátima Gómez, Néstor Hugo Juárez, Jorge Herminio Racedo, Luis Antonio Santana y Héctor René Sosa. Las actuaciones buscan determinar posibles responsabilidades por encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El inventario también reúne distintas causas por presunto falso testimonio. En ellas figuran Ernesto Bernabé Fierro, Fernando Rodolfo Maruf, Ramón Marcelo Fernández, Daniel Alejandro Díaz, Raúl Antonio Ferreyra, Gustavo Alberto Herrera, Guillermo Polli, Jimena Fabiana Mercado, José Alejandro Aramayo, Macarena del Valle Bordato y Jorge Hernán Jiménez.
Por posible encubrimiento aparecen, además, investigaciones contra Juan Pedro Cruzado, Lilia Amelia Moyano y Héctor Gustavo González.
Lebbos incluyó también las actuaciones abiertas contra ex investigadores de la causa principal por presunto encubrimiento, falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Entre los expedientes señalados aparece el atribuido a Jorge Marcelo Mazuy y la causa contra Vicente Francisco Picón. También se encuentra la investigación por amenazas coactivas e instigación a cometer delitos contra Enrique Eduardo Andrada Barone y otras personas.
La nómina comprende, a su vez, las causas unificadas contra Fernando Vázquez Carranza y Luis Roberto Gómez junto con Ernesto Juan Atim, por presunto encubrimiento y falso testimonio.
El documento menciona además actuaciones iniciadas de oficio contra Jorge Hernán Jiménez y Víctor César Soto, expareja de Paulina.
Otro de los expedientes señalados es el histórico legajo 6075/2006. Esa causa abarca posibles delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio previsto en el artículo 79 del Código Penal, encubrimiento, abuso de autoridad, falsedad ideológica y amenazas.
En ese legajo están comprendidos Luis Nicolás Barrera, Rubén Héctor Brito, Eduardo Oscar Di Lella, Luis Roberto Gómez, una persona de apellido Rodríguez, Hugo Sánchez, Jorge Acevedo, Javier Acevedo, Julio Fabián Acevedo y una persona de apellido González.
Las investigaciones surgieron del juicio en el que Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito fueron condenados por encubrir el homicidio de Paulina, cometido el 26 de febrero de 2006.
La absolución de Virginia Nazarena Mercado reavivó el reclamo de la familia y su cuestionamiento a la respuesta institucional brindada durante los años posteriores a la sentencia. Para Lebbos, la falta de actividad en los expedientes impide avanzar sobre las responsabilidades que los jueces ordenaron investigar.
La denuncia pública busca que el Ministerio Público Fiscal informe el estado procesal de cada legajo y adopte medidas antes de que se cumplan los plazos legales. Hasta el momento, el informe difundido no consigna una respuesta oficial del organismo sobre la situación particular de las 25 causas.