La secretaria de Estado de Derechos Humanos, Ana Celeste Januário, alertó, además, que en algunos territorios continúan ocurriendo matrimonios arreglados entre violadores y sus víctimas como una forma de eludir las duras penas impuestas por los tribunales.
En entrevista exclusiva con la agencia Angop, la jurista valoró el papel de las denuncias para contrarrestar el flagelo, pero alertó que las soluciones deben comenzar por la prevención y no por la vía de exacerbar las condenas. De tal forma, abogó por una labor profiláctica más efectiva, con la participación de los medios de comunicación social en el país.
La violencia sexual, recordó Januário, ocurre fuera y dentro de la familia; en el primer caso, como involucra a terceros, resulta más fácil de castigar; pero cuando sucede en el seno del hogar, las cosas suelen ser más complicadas, refirió.
Según explicó, todavía hay una serie de arreglos sociales para que el padrastro, el padre, el primo o el tío no rindan cuentas, aunque la madre sepa que abusaron de la niña.
Es la familia la que hace los ajustes internos y dice: “¡No vamos a denunciar”! Y no lo denuncia, porque la pena es muy grave, lamentó la especialista, quien recalcó la necesidad de prevenir los delitos.
Niñas abusadas, aunque tengan solo 12 o 13 años de edad, son dadas en matrimonio a los propios violadores, quienes las convierten en esposas; es decir “hacen un trato como si nada hubiera pasado», advirtió la funcionaria
Lamentablemente, acotó, la proporción de hechos denunciados y juzgados sigue siendo muy baja; aunque hay casos de sentencias firmes y ejemplarizantes.
En opinión de la letrada, el país cuenta con un adecuado ordenamiento jurídico para analizar y condenar tales violaciones, como parte del andamiaje nacional en defensa de los derechos humanos y es necesario elevar la conciencia social en torno al problema.