El operativo se dio en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.
El diputado recibió a los oficiales, que le presentaron la orden judicial, y los dejó ingresar a su domicilio junto con sus abogados. Los funcionarios judiciales se llevaron documentos y distintos elementos que serán evaluados en el marco de la causa judicial donde se lo investiga por la transferencia de 200 mil dólares por parte de Machado.
En el Congreso, efectivos de seguridad también llegaron a requisar el despacho que Espert tiene en la Cámara Baja. Además, en la causa que lleva adelante el juez Mirabelli, el fiscal Domínguez pidió secuestrar el teléfono de Espert y aparatos como computadoras y notebooks.
El celular volador
Según trascendió, durante un operativo judicial vinculado a la investigación por narcotráfico que involucra a José Luis Espert, desde su casa habrían arrojado un teléfono celular al patio de los vecinos para evitar que la policía lo encontrara.
El intento de ocultamiento terminó provocando un nuevo allanamiento: la Justicia ordenó ingresar a la vivienda lindera para recuperar el dispositivo, que podría contener información clave sobre las operaciones investigadas.
En redes sociales, la noticia se viralizó rápidamente con ironías y críticas al economista ultraliberal. “Ordenaron allanar la casa de los vecinos de Espert porque tiraron un celular para que la policía no lo encuentre jajaja, pero por qué? ¿El celular tenía muchos chimentos de peluquería?”, ironizó un usuario. Otro fue más directo: “Esto es La Libertad Avanza: todos delincuentes que no dejan investigar”.
La transferencia de Machado a Espert
El caso se originó a partir del hallazgo de una transferencia de 200.00 dólares de “Fred” Machado a Espert. En su denuncia, Grabois pidió que se investigue si son fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.
El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado.
“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.
“Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada”, alegó Espert.
De acuerdo a su versión, los 200.000 dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”. Espert nunca realizó el trabajo, según él, por la irrupción de la pandemia.
Declaró esta semana como testigo, Horacio Rodríguez, accionista de la empresa «Med Aviación S.A», una de las que concesionaron naves de Fred Machado.
La causa tiene algunos años en los tribunales de Retiro. La denuncia fue presentada en abril de 2021 por el dirigente Adrián Bastianes y se focalizó en los vuelos del diputado.