“Estoy detenida sin haber hecho nada; estoy acá solo por tener una red de wifi a mi nombre para que mis alumnos y docentes puedan trabajar; ¿Eso es justicia?”, planteó en la audiencia de ayer María Emilia Salomone, la propietaria del Instituto Puente, que está imputada, junto con el taxista Ernesto Gastón Drube, por una amenaza de bomba registrada en agosto en el colegio San Francisco.
Semanas atrás, el juez Fernando Zottoli les dictó la prisión preventiva a ambos y les impuso una inhibición de bienes. Los defensores, José Ignacio Ferrari y Mariana Merletti (de la Defensoría Oficial) impugnaron ese fallo. Ayer, el juez de esa instancia, Agustín Puppio, consideró admisibles sus reclamos y decidió levantar la inhibición y reemplazar la máxima cautelar por el arresto domiciliario.
Lo más resonante que se escuchó ayer fueron las declaraciones de los sospechosos. Por otro lado, sobre el debate entre las partes, podría sintetizarse que ambos defensores sostuvieron que Zottoli no habría argumentado sólidamente un justificativo para privar de la libertad a dos acusados, que no tienen antecedentes, por un delito que prevé una pena mínima de cumplimiento condicional. También señalaron que otros jueces ordenaron medidas mucho más leves para otros acusados por el mismo delito (intimidación pública). Además, la defensora oficial auxiliar, Jimena Cáceres Olivera, planteó que la inhibición de bienes podría haberse realizado de otra manera y pidió revertirla. La auxiliar Julieta Molé, de la Fiscalía de Delitos Complejos, discrepó con los defensores y pidió mantener las medidas ordenadas por Zottoli.
“Soy propietaria de un colegio y si hay algo que profeso es enseñarles valores a mis alumnos y a mis hijos. Mi conducta es intachable; colaboré con todo lo que me pidieron, entregué mi teléfono, acepté que la Policía allane mi instituto y mi casa mientras los chicos lloraban y ni siquiera mencioné la enfermedad que tengo durante la primera audiencia”, explicó Salomone, manifestando con su tono un claro fastidio por la situación que atraviesa.
Incomodidades
Luego de que ordenaran su detención, la mujer acreditó que padece cáncer de piel, pero ni siquiera así se libró de la preventiva. Sí consiguió que el juez Zottoli ordenara que termine de cumplir su arresto en un hospital. “Los primeros días tuve que dormir en un sillón en la sede de Delitos Telemáticos (por falta de cupos); tengo que aclarar que me trataron excelente, pero no es un lugar adecuado. Después, por mi condición, ordenaron mi internación… estoy ocupando una cama en un sanatorio que otras personas necesitan, no yo”, agregó.
Salomone aseveró que ir a trabajar al instituto “es lo único que me mantiene bien a pesar de mi enfermedad” y que “no por tener cáncer tengo que vivir encerrada”.
Por último, pidió que pidan referencias suyas en la Secretaría de Educación; subrayó que la detuvieron porque alguien utilizó el wifi de su instituto para hacer la amenaza y planteó en su defensa: “¿yo mandaría una intimidación a una escuela siendo que soy propietaria de una institución educativa?”.
Drube, quien quedó implicado por ser propietario del teléfono desde el cual habrían enviado el mail amenazante, sintetizó: “soy inocente. Tengo hijos que van a ese colegio y otros que ya egresaron. No tengo motivos para hacer algo así. No hice nada malo; reconocí que un teléfono estaba a mi nombre, me presenté a las audiencias y ordenaron mi detención”.
El juez, luego de escuchar a todos, dio lugar parcialmente a los pedidos de la defensa. No otorgó la libertad que pedían para los acusados, pero sí aceptó el pedido subsidiario de que terminen de cumplir los 14 días restantes de detención en sus domicilios.