A once años de la primera movilización, que marcó un antes y un después en la forma de nombrar, visibilizar y exigir respuestas frente a la violencia machista, la deuda no solo persiste, sino que se profundiza: mujeres, niñas y personas LGBTI+ continúan expuestas a violencias que requieren respuestas estatales eficaces y sostenidas en un contexto agravado por el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas para combatir la violencia de género.
En los últimos días, nuevos casos de femicidios como el de Agostina Vega volvieron a estremecer a la sociedad y a mostrar que la violencia de género no es un hecho aislado, sino un problema estructural que exige respuestas estatales integrales y con presupuesto suficiente.
“Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado. Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas. Pero la respuesta, sigue llegando tarde. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga mal, se refuerza la impunidad. Desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas, deja a las mujeres libradas a su suerte. Garantizar una vida libre de violencia no es opcional: es una obligación”, señaló Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Una emergencia sostenida: los femicidios no bajan de un piso crítico
En 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina registró 200 víctimas directas de femicidio. De ellas, el 78% fue atacada en su domicilio o en el del agresor y en el 83% existía un vínculo previo, generalmente parejas o exparejas.
La baja del 12,3% respecto a 2024 se explica por una disminución de casos en algunas jurisdicciones, centralmente la provincia de Buenos Aires que por su peso poblacional tiene un impacto determinante en la estadística nacional. Aunque la cifra representa una disminución respecto de 2024, el nivel de violencia letal sigue siendo extremadamente alto: desde 2017, Argentina mantiene un piso sostenido de femicidios que equivale aproximadamente a una mujer asesinada cada 36 horas.
Los femicidios son la expresión más extrema de una trama de violencias — económicas, psicológicas, sexuales, digitales, institucionales y simbólicas — que condicionan todos los días la libertad de mujeres, niñas y diversidades. Por eso es indispensable visibilizar y atender las formas cotidianas de violencia que muchas veces anteceden al desenlace fatal y que requieren prevención, detección temprana, acompañamiento, protección y acceso efectivo a la justicia.
Los programas para combatir la violencia de género: desfinanciados.
Amnistía Internacional advierte que, desde diciembre de 2023, las políticas públicas para prevenir y abordar la violencia de género fueron recortadas y desmanteladas.
La Línea 144 perdió especificidad, presupuesto propio y redujo un 45% su planta. El Programa Acompañar restringió su acceso al exigir denuncia judicial o policial previa, lo que puede desalentar o excluir a quienes más necesitan apoyo urgente.
También se redujo el alcance de la reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de femicidios, pese a que, en 2025, 144 perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género
En febrero de 2026, el Comité CEDAW de la ONU advirtió sobre graves retrocesos en Argentina, incluyendo cierre o degradación de instituciones clave, recortes presupuestarios en políticas de prevención de la violencia de género, debilitamiento de la ESI y desmantelamiento del Plan ENIA.
Falsas denuncias: qué dicen los datos
En este contexto de retroceso preocupa, además el avance de proyectos de ley que buscan agravar las penas por falsas denuncias y falso testimonio en casos de violencia sexual y de género. Los datos contradicen la premisa que los sustenta: las denuncias falsas representan apenas el 0,09% de más de 8 millones de causas analizadas entre 2023 y 2025 y suelen estar principalmente vinculadas a delitos económicos. El problema real es la falta de denuncias: solo el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncia y en casos de femicidio, apenas el 18% de las víctimas había denunciado previamente.
Estas iniciativas legislativas, lejos de contribuir a mejorar el sistema de protección y acceso a la justicia, pueden tener un efecto disuasorio sobre quienes ya enfrentan más obstáculos para denunciar, más dificultades probatorias y más temor a no ser creídas. De esta manera consolidan el silencio y refuerzan la impunidad.
Derechos de las personas LGBTIQ+ en riesgo
En este marco, Amnistía Internacional también alerta sobre la brutalidad de la violencia hacia lesbianas y personas LGBTI+. En 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra las personas LGBTI+, el número más alto desde que existen registros con un aumento de más del 60% respecto al año anterior. No son hechos aislados: la violencia por prejuicio expresa desigualdades estructurales y contextos persistentes de discriminación que afectan a lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersex y otras diversidades sexuales y de género.
A dos años del ataque, el lunes 18 de mayo comenzó el juicio oral y público por el crimen contra las dos parejas de lesbianas en Barracas, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal. Amnistía Internacional acompaña el reclamo de justicia y reparación integral para Sofía Castro Riglos, Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Mercedes Roxana Figueroa.
Desde Amnistía Internacional reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de mujeres, niñas y personas LGBTI+. A más de una década de la primera movilización de #NiUnaMenos, nos sumamos una vez más a las acciones y a la manifestación de este 3 de junio de 2026, en todo el país.
Porque el reclamo sigue siendo urgente. Porque no hay democracia posible con violencia machista. Porque queremos a todas vivas, libres y con derechos.