La causa judicial originada por la viralización de un audio que involucra al ex intendente de Alberdi, Luis Campos, y al empresario Roque “Chipi” Giménez no deja de escalar en gravedad. Mientras la investigación avanza en el fuero federal y en el provincial, la lista de implicados se amplía. En las últimas horas, también fueron alcanzados por la pesquisa la legisladora Sandra Figueroa, esposa del ex jefe municipal, y el ex secretario de Hacienda del municipio, José Roldán. ARCA reveló la información de que el intendente Campos tiene 22 propiedades junto a su esposa.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz los investiga por presunta asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos. Aunque había solicitado sus detenciones, el juez José Manuel Díaz Vélez rechazó el pedido para los ex funcionarios y no avanzó sobre la parlamentaria debido a sus fueros. Desde el entorno judicial se anticipa que más nombres podrían sumarse al expediente.
El origen de esta línea de investigación se remonta a denuncias formuladas desde 2013, que señalaban la posible existencia de una red de tráfico y comercialización de drogas operando desde el municipio. La difusión del audio fue el punto de inflexión que llevó al fiscal a solicitar allanamientos, los cuales se concretaron en domicilios vinculados a Campos y Roldán. En esos procedimientos, se secuestraron celulares y computadoras que serán peritados para extraer información relevante.
José Funez, dirigente sindical de ATE, fue citado como testigo y confirmó haber sostenido denuncias contra estos actores desde el año pasado. También pidió protección para él y su familia, alegando que en la grabación se sugiere que su muerte pondría fin a los señalamientos en curso.
Vehils Ruiz evalúa nuevas medidas, entre ellas, citar a declaración indagatoria a los involucrados, lo que podría derivar en procesamientos o detenciones, según la evolución de las pruebas. En el caso de Figueroa, su situación procesal depende de su estatus como legisladora. Los tres —Campos, Figueroa y Roldán— serán defendidos en tribunales federales por el abogado Camilo Atim.
Se mencionan también posibles nuevos implicados: un hombre conocido como “Toro”, presunto familiar de una ex funcionaria municipal, y el concejal oficialista Albano Loru. Este último lideraba el grupo de los “Chalecos Verdes”, compuesto por unas 100 personas encargadas de tareas de limpieza y mantenimiento en Alberdi, y que era financiado con fondos municipales. Loru habría gestionado también la compra de maquinaria y vehículos, lo que ha despertado sospechas por el crecimiento abrupto de su patrimonio.
Según la hipótesis del fiscal, en Alberdi funcionaba una organización dedicada al narcotráfico que contaba con respaldo estatal para operar y, eventualmente, para lavar activos obtenidos de la venta de drogas. La complejidad del entramado alcanza incluso al funcionamiento interno del municipio.
En paralelo, la Policía provincial desplegó un operativo que cercó los accesos a los principales edificios municipales. La medida, encabezada por el jefe Joaquín Girvau y el subjefe Roque Íñigo, buscó evitar disturbios durante la asunción del interventor Guillermo Norry y asegurar que no se extrajera documentación oficial. Aunque no se registraron incidentes, un grupo de simpatizantes se congregó frente a la casa de Campos y entonó el himno nacional en señal de respaldo.
La Justicia ordinaria también abrió una línea de investigación. Mónica García de Targa, fiscal regional de Concepción, junto a José Sanjuán, titular de la Fiscalía de Narcomenudeo, consiguieron autorización judicial para iniciar una investigación sumaria contra Campos por un período de 45 días. El proceso está centrado en hechos ocurridos mientras el ex intendente todavía estaba en funciones, y se lo acusa por incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber presuntamente omitido denunciar actividades delictivas.
Giménez, en tanto, podría enfrentar cargos por extorsión, acusado de haber amenazado a Campos con revelar información comprometedora si no era contratado para realizar obras públicas.
Si bien la difusión del audio actuó como detonante, el expediente reúne otras causas y testimonios que fortalecen la acusación. En la provincia, la denuncia realizada por los concejales opositores Luis María Díaz Augier y Augusto Díaz Chavero sirvió de base para que García de Targa obtuviera permiso judicial para investigar a Campos. Sin embargo, la legalidad de la grabación sigue en discusión, ya que podría haber sido obtenida sin autorización, lo que afectaría su valor probatorio.
Las próximas semanas serán decisivas para ambas fiscalías. Deberán determinar si las investigaciones seguirán adelante en paralelo o si se consolidarán bajo una única jurisdicción. Lo que ya es seguro es que la situación procesal de los implicados se agrava a medida que se acumulan pruebas, y que los vínculos entre el poder político y el narcotráfico en Alberdi están lejos de quedar en el olvido.