Atlético Tucumán figura entre los 29 clubes de la Primera División que dejaron de pagar aportes y contribuciones a la seguridad social entre noviembre de 2025 y enero de 2026, y en su caso se registra un pico de deuda cercano a los $843 millones. La información fue publicada por La Nación sobre la base de registros oficiales de ARCA y ubica al club tucumano dentro del grupo mayoritario que interrumpió los depósitos en diciembre, mes en el que se produjo el corte más extendido dentro del fútbol argentino.
Los datos administrativos muestran que el club dejó de transferir montos correspondientes al 11% destinado a jubilación, 3% de obra social o prepaga y 3% de PAMI, cifras que son retenidas de los salarios de los trabajadores, además de las contribuciones patronales que rondan el 24%. Se trata de fondos que no pertenecen a la institución sino que deben ser girados al sistema previsional, por lo que la falta de depósito en término puede tener consecuencias fiscales y legales.
El relevamiento indica que el corte se habría producido en diciembre, en simultáneo con la mayoría de los clubes de Primera División. En el caso de Atlético Tucumán, además del incumplimiento en aportes previsionales, se consigna un nivel de deuda que alcanza los $843 millones, cifra que lo coloca entre las entidades con mayor exposición dentro del esquema general relevado por el organismo recaudador.
La omisión en el depósito de aportes retenidos puede configurar el delito de retención indebida si no se regulariza dentro de los plazos establecidos por la normativa. La ley prevé que, transcurridos diez días hábiles desde el vencimiento sin que se efectúe el pago, el incumplimiento puede escalar al plano penal. Esto abre un escenario que no solo involucra posibles reclamos administrativos e intereses acumulados, sino también eventuales responsabilidades judiciales si se determina que los fondos descontados a los trabajadores no fueron ingresados al sistema.
El contexto del corte masivo de aportes está atravesado por la disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino en torno al régimen especial que rige para los clubes desde el Decreto 1212/03. En julio de 2025, la administración de Javier Milei actualizó por decreto la alícuota aplicable al fútbol con el argumento de equilibrar el déficit previsional. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó públicamente el funcionamiento del esquema y sostuvo que el régimen especial había cubierto solo una parte de sus obligaciones, generando un rojo millonario.
La AFA respondió con una cautelar judicial que frenó la derogación del régimen especial y mantuvo vigente el esquema diferencial mientras se resuelve la controversia de fondo. Algunos clubes sostienen que esa medida permite diferir pagos hasta tanto exista una definición definitiva, mientras que desde ARCA afirman que la resolución judicial no impide continuar con el cumplimiento de los aportes, como ocurre con Estudiantes de La Plata, única institución que figura con pagos al día según el relevamiento.
En ese marco general, Atlético Tucumán aparece alineado con la postura institucional del fútbol argentino frente al conflicto con el Estado. Sin embargo, más allá de la discusión jurídica y política, los registros oficiales lo ubican entre las entidades que interrumpieron los aportes en diciembre y que exhiben un nivel de deuda significativo. Para los trabajadores vinculados al club, la falta de depósito puede implicar que los aportes jubilatorios no impacten en su historia previsional y que la cobertura de salud quede expuesta si la situación no se regulariza.
El cuadro que surge combina tensión política, presión financiera y posible riesgo judicial. Con un pasivo que alcanza los $843 millones y con el corte de aportes registrado en diciembre, Atlético Tucumán quedó dentro del núcleo de clubes que hoy están bajo la lupa del organismo recaudador en medio de uno de los conflictos más delicados entre el Estado y el sistema del fútbol argentino en los últimos años.
Fuente:Contexto