La creciente tensión por Malvinas sumó un nuevo capítulo este miércoles, ya que el gobierno de Londres convocó a la embajadora Mariana Plaza para tratar el reciente pedido de la Argentina ante la ONU, que tiene como objetivo frenar proyectos petrolíferos en las inmediaciones de las islas.
La subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, lo confirmó a través de un comunicado en redes sociales y sostuvo que el reclamo legal argentino constituye un «intento de socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes» del archipiélago.
En ese aspecto, subrayó que «la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Falklands (Malvinas)» y llevadas a cabo en total concordancia con la ley internacional, incluida la UNCLOS (por su sigla en inglés), en referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
«No es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales», agregó la funcionaria, y remarcó que «ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido».
Además, subrayó que las islas «son británicas, siempre defenderemos los derechos de los isleños a la autodeterminación», y añadió que «el Reino Unido continuará hombro con hombro junto a ellos para defender robustamente sus deseos, su economía y su derecho a definir su futuro, tal como el primer ministro (Andy Burnham) lo dejó claro: nuestro apoyo es firme».
De hecho, el presidente Javier Milei decidió este lunes iniciar un arbitraje internacional contra la administración británica por ese motivo, lo que generó una férrea oposición desde Londres, cuyos representantes sostienen que Argentina trata de ejercer jurisdicción extraterritorial sin respetar el derecho internacional.
El mandatario argentino había anunciado que, en caso de que el gobierno británico no cumpla con el requerimiento dentro de las dos semanas otorgadas, solicitará a un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales para resguardar sus derechos soberanos.
Milei destacó las medidas y subrayó que busca detener «el saqueo ilegal» de recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que Argentina reclama como propio.
Por su parte, la Cancillería argentina envió hasta el momento alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, e inició unos 60 procedimientos administrativos y presentó en tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras —de capitales británicos, israelíes y canadienses— y sus directivos.