“No ofrece garantías”. Con esa frase, el diputado Carlos Cisneros cargó contra vocal Ebe López Piossek, de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, quien dispuso mediante una resolución que se pase a dictar sentencia en la causa por la “banca 19” de la Capital en la próxima composición de la Legislatura.
La Junta Electoral Provincial (JEP) proclamó como electo al subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Hugo Ledesma, dirigente bancario muy cercano a Cisneros. Sin embargo, el alfarista Enrique Pedicone judicializó la decisión de la JEP.
“La doctora López Piossek no nos da garantías de nada porque no nos quiere a nosotros, los bancarios, porque le pedimos juicio político a través del legislador Eduardo Bourlé debido a unas travesuras que hacían sus sobrinos o ahijados en contra de la Caja Popular de Ahorros”, denunció el diputado, referente nacional del gremio bancario. “La salvaron en la comisión de Juicio Político. Ella favorecía a sus ‘parientes’, en contra de la Caja”, añadió Cisneros, referente además del acople Activar, por el que se candidateó Ledesma.
El diputado, además, comparó a López Piossek con la jueza Ana María Figueroa, la camarista que fue desplazada de la Corte Suprema de la Nación tras cumplir los 75 años de edad. “Ya debería estar jubilada”, dijo. También apuntó contra el otro camarista de la sala, Sergio Gandur. “Tiene méritos desconocidos; es hijo de…”, arremetió, en alusión a que el padre del magistrado fue Antonio Gandur, presidente y vocal de la Corte provincial.
Finalmente, vinculó al sector del intendente Germán Alfaro con los camaristas. “Están asesorados por el ‘Juan Bautista Alberdi’ de este siglo, el abogado socio del alfarismo”, ironizó Cisneros.
El caso
A partir de la decisión de López Piossek, la Justicia provincial quedó a un paso de definir si corresponde ratificar como legislador electo al dirigente bancario Ledesma (Activar-Frente de Todos); o si hace lugar a la acción de amparo planteada por el candidato alfarista Pedicone (Compromiso con el Pueblo-JxC) para requerir la nulidad de una mesa definitiva.
El proceso llegó a esta instancia con el visto bueno de las partes, y poco después de la incorporación al expediente de nuevas pruebas requeridas por Ledesma y el acople oficialista Activar.
En concreto, se trata del acta que da cuenta de la realización de la audiencia de protesta del escrutinio, prevista por el artículo 121 del Código Nacional Electoral, y celebrada en la sede de la Junta Electoral Provincial (JEP) el 1 de julio, unas tres semanas después de los comicios.