El Gobierno de Bolivia mantendrá congelados durante los próximos 12 meses los precios de la gasolina, el diésel y otros combustibles, pero, una vez concluido ese período, incluirá un nuevo mecanismo de cálculo que los vinculará a la cotización internacional del petróleo y al tipo de cambio promedio del dólar, según establece el Decreto Supremo 5652.
La norma, firmada por el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, modifica e incorpora disposiciones al Decreto Supremo N° 5516, aprobado en enero de este año.
La novedad
La novedad es que la misma vigencia se aplicará para el precio del GNV (gas natural vehicular), que no estaba contemplado inicialmente, según las modificaciones realizadas al reglamento correspondiente.
La medida busca prolongar el régimen transitorio de precios mientras el país avanza en la reestructuración de su política energética, en un contexto de creciente presión fiscal por el costo de las importaciones de combustibles y de cambios en el régimen cambiario. Con la nueva norma, la gasolina especial continuará comercializándose a 6,96 bolivianos por litro, mientras que el diésel mantendrá un precio de 9,80 bolivianos, sin modificaciones durante los próximos 12 meses.
La disposición también alcanza al gas natural vehicular (GNV), al gas licuado de petróleo (GLP) y las gasolinas de aviación. El decreto señala que, una vez concluido el período transitorio, el precio interno de los combustibles se determinará mediante una fórmula que combinará el valor internacional de compra del carburante en dólares, el tipo de cambio promedio del último mes y un denominado “factor de ajuste”, incorporando por primera vez un mecanismo de indexación a las condiciones del mercado internacional.
Según la norma, ese factor de ajuste se obtiene al dividir el valor de 10,4003 entre el tipo de cambio promedio mensual. En la práctica, ello implica que el Estado continuará absorbiendo parte del costo de los combustibles cuando la cotización oficial del dólar supere ese umbral, manteniendo un componente de subsidio para amortiguar el impacto sobre los consumidores.
La disposición representa un cambio respecto al esquema implementado a finales de 2025, cuando Bolivia comenzó a desmontar gradualmente el sistema de tipo de cambio fijo vigente desde 2011 y avanzó hacia un régimen cambiario más flexible, lo que obligó a redefinir los mecanismos para fijar los precios internos de los combustibles. El decreto también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a destinar hasta 1.000 millones de dólares a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir la diferencia entre los costos de importación y el precio de paridad internacional del petróleo, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado interno.
La norma establece además que esa cartera de Estado podrá aprobar recursos adicionales, incluso en moneda nacional,si las necesidades financieras de YPFB así lo requieren y cuentan con la certificación del Ministerio de Hidrocarburos o del ente regulador correspondiente.
La decisión forma parte del proceso de reforma del sector energético impulsado por el Gobierno de Paz Pereira, que incluye una nueva legislación para hidrocarburos, electricidad e inversiones y busca reducir las distorsiones generadas por el creciente costo de las subvenciones.