En una jornada de intensos operativos, alrededor de 30 allanamientos que se realizaron ayer como parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, expresó: «es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir».
Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamados a la línea 134.
La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.
Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.
Modus operandi de las extorsiones
La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una «cuota» a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.
Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.
“Lista de espera”
El esquema de extorsión incluía diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en «listas de espera» para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los «beneficiarios comunes», que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los «delegados», que recibían doble o triple ayuda; y los «referentes», responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.
Los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y la Justicia en desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley.