Los centros de estudiantes ya no podrán funcionar dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a partir de una decisión tomada desde el Ministerio de Seguridad Nacional. La cartera argumentó que la creación de los centros que agrupan a estudiantea presos «no está expresamente reconocida legalmente» y «tergiversa la finalidad de readaptación social«.
Esta decisión se enmarca en la línea de «mano dura» que pretende mostrar el Gobierno y puntualmente el ministerio conducido por Patricia Builrich en relación a sus políticas carcelarias. Hace poco toempo, en diciembre de 2024 a través de la Resolución 1346/2024, el ministerio resolvió que los presos alojados en cárceles federales iban a estar obligados a realizar tareas de mantenimiento de los lugares comunes, sin percibir ninguna remuneración a cambio.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 372/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. Dentro del texto de la normativa, el artículo 1° indicó «no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal».
Según se explicó en el documento oficial, no se habilitará «la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos».
Dentro del texto oficial se detalló que en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), en el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y en el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV) «se encuentran organizados grupos de personas privadas de la libertad que invocan la representación de internos estudiantes y se denominan centros de estudiantes».
«La organización de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a la par de no estar expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad», se argumentó en la normativa de la cartera conducida por Patricia Bullrich.
En el texto de la decisión del Ministerio de Seguridad también se indicó que los miembros de los centros de estudiantes permanecían reunidos fuera del horario en que cada uno debía estar allí, bajo el pretexto de realizar tareas relacionadas a la función.
«La asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social«, se detalló, y colocó como ejemplo las tareas laborales y actividades requeridas para el mantenimiento de los espacios propios y comunes.
En la normativa se remarcó que «el esquema implementado a través de los centros de estudiantes afecta las reglas establecidas por la Ley N°24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social», dado que «permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario».
En paralelo, en el texto también se señaló que la permanencia prolongada de los detenidos en los centros de estudiantes, fuera de sus horarios de clases asignados, afectan «el desenvolvimiento de las restantes actividades diarias» y «ocasiona relevantes alteraciones en materia de seguridad».