La Justicia de Tucumán solicitó al Poder Ejecutivo ofrecer una recompensa económica para quien aporte información que permita detener a Facundo Ale, único prófugo tras el tiroteo registrado durante una fiesta electrónica en Tafí Viejo el pasado 21 de septiembre.
El fiscal Mariano Fernández, a cargo de la investigación, indicó que si bien en un primer momento se pensó que el enfrentamiento respondía a internas de la barra brava de San Martín, las pruebas recolectadas en allanamientos y las acusaciones cruzadas en redes sociales apuntan también a un trasfondo ligado al narcotráfico.
Ale, hijo de Angel “El Mono” Ale, permanece prófugo desde hace una semana, cuando había sido detenido junto a su padre por resistencia de la autoridad en su domicilio, pero luego fueron liberados por falta de pruebas. Ahora con nueva evidencia en su contra, Facundo vuelve a escapar de la Justicia.
Sus defensores, Ricardo Fanlo y Agustín Monteros, anunciaron en dos ocasiones que se presentaría, pero desistieron bajo el argumento de que no contaba con garantías de protección. Según trascendió, el Ministerio de Seguridad analiza fijar una recompensa cercana a los $ 15 millones para quienes colaboren con su captura.
En paralelo, Javier “Chuky” Casanova fue procesado por abuso de armas, portación de arma de guerra y tenencia ilegal, además de un expediente por tenencia simple de droga luego de que en su domicilio se hallaran dosis de cocaína.
Su abogado, Facundo Herrera, negó las acusaciones y sostuvo que la droga habría sido “plantada”. En la misma causa también resultó implicado Mario “Cafú” Anaya, padre de Joel, tras hallarse armas en su vivienda, aunque fue liberado pese a seguir ligado a la investigación.
Otro de los procesados es Joel Anaya González, de 23 años, integrante del clan Los Gardelitos y amigo de “Chuky”. El joven, que recibió un disparo en la pierna durante el tiroteo, señaló a Ale como autor del ataque. La Justicia le dictó prisión preventiva por 35 días, que cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a su estado de salud.
El caso mantiene en vilo a las autoridades judiciales y policiales, que buscan cerrar el cerco sobre Facundo Ale mientras crece la tensión en torno a la violencia armada y los posibles vínculos con el narcotráfico. Sus allegados aseguran que el prófugo teme por su vida y rechazan que su eventual detención sea utilizada con fines políticos mediante una exposición pública con chaleco y casco, como sucede con los detenidos considerados de alta peligrosidad.