La causa que investigó el préstamo de US$57.100 millones que la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri volvió a quedar en manos de la Justicia a la espera de una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso para intentar revertir el archivo de la investigación y cuestionó con dureza la forma en que se cerró el expediente.
El planteo apunta contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, dictada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que el 4 de septiembre confirmó el archivo que había dispuesto previamente la jueza María Eugenia Capuchetti.
Para Agüero Iturbe, el expediente no estaba en condiciones de ser cerrado porque todavía había medidas de instrucción pendientes. En ese sentido, sostuvo que la decisión implicó un “cierre prematuro” de la pesquisa y advirtió que la resolución resultaba “arbitraria”.
En su presentación, el fiscal sostuvo que, cuando existe una denuncia que presenta un mínimo de seriedad y verosimilitud y todavía hay medidas de prueba impulsadas por el Ministerio Público, no corresponde clausurar la investigación sin antes avanzar con esas diligencias.
“Ante una denuncia que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, y existiendo impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar, el juez no puede arbitrariamente archivar por inexistencia de delito sin efectuar cuanto menos las diligencias que permitan circunscribir el objeto procesal y las responsabilidad de aquellos que se estima intervinieron en el suceso denunciado”, afirmó.
El fiscal también cuestionó uno de los argumentos utilizados por los camaristas para confirmar el archivo: el señalamiento de que la Fiscalía no había precisado qué otras medidas concretas permitirían demostrar los delitos investigados.
Frente a ese planteo, Agüero Iturbe remarcó que la investigación penal debe primero determinar qué ocurrió y luego establecer si esos hechos encuadran en una figura delictiva.
“En una causa penal se investigan ‘hechos’ y no ‘calificaciones legales’”, sostuvo.
La discusión por los fondos y las pruebas pendientes
Uno de los puntos del recurso está relacionado con la necesidad de profundizar la investigación sobre el destino de los dólares provenientes del acuerdo con el FMI y determinar si existieron vínculos entre funcionarios y operadores privados que pudieran haber resultado beneficiados.
La Fiscalía sostiene que no alcanzaba con reunir información general sobre la deuda y la formación de activos externos, sino que era necesario avanzar sobre la trazabilidad de los fondos para establecer qué ocurrió con las divisas una vez que ingresaron al circuito financiero argentino.
En ese contexto, Agüero Iturbe rechazó que el paso de los años pudiera utilizarse como fundamento suficiente para ponerle fin a la investigación.
“El mero transcurso del tiempo no es causal suficiente” para impedir la realización de medidas de prueba, sostuvo el fiscal, siempre que no esté acreditada la prescripción de la acción penal ni una vulneración del plazo razonable.
Según su planteo, ninguna de esas dos circunstancias se verificaba en el expediente.
Por eso, concluyó que la pesquisa debía continuar y profundizarse: “y hasta que ello ocurra, cualquier decisión aparece como prematura y por tanto sin fundamento”.
Qué había resuelto la Justicia al archivar la causa
La investigación había comenzado a partir de una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas con la negociación, aprobación y ejecución del acuerdo firmado con el FMI en 2018.
La denuncia alcanzó al expresidente Mauricio Macri y a exfuncionarios de su gobierno, entre ellos Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
El acuerdo había sido anunciado inicialmente por un monto cercano a los US$50.000 millones y posteriormente ampliado hasta US$57.100 millones. La pesquisa buscaba determinar si durante su negociación y ejecución se habían cometido delitos vinculados con la administración de fondos públicos, abuso de autoridad y presuntas irregularidades en el manejo del crédito.
La jueza María Eugenia Capuchetti dispuso el archivo del expediente al considerar que los hechos denunciados no permitían configurar los delitos investigados. La decisión fue apelada y terminó siendo revisada por la Cámara Federal.
El 4 de septiembre, Llorens y Bertuzzi confirmaron el cierre. Los camaristas consideraron que se trataba de una decisión vinculada con la política económica del gobierno y que, con la prueba reunida durante más de cinco años de investigación, no se había logrado acreditar la existencia de un delito.
En ese sentido, sostuvieron que “existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”.
La Cámara también valoró el tiempo transcurrido y la cantidad de documentación incorporada al expediente, entre ella informes de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Banco Central, además de documentación administrativa y testimonios.
Pero para Agüero Iturbe ese material no justificaba cerrar definitivamente la investigación mientras todavía existieran diligencias capaces de aportar elementos sobre los hechos denunciados.
Ahora deberá intervenir Casación
Con el recurso presentado por Agüero Iturbe, la discusión pasa ahora a la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala IV ya había intervenido anteriormente en el expediente, por lo que sus integrantes se encuentran sorteados para analizar el nuevo planteo.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky deberán resolver si hacen lugar al planteo fiscal y ordenan que la investigación continúe o si mantienen el cierre dispuesto por la Cámara Federal porteña.