La sesión legislativa en la que se trató adhesión de Tucumán al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) se caracterizó por las desprolijidades, sorpresas, confusiones, y sobre todo las modificaciones que se le imprimieron en su paso por Cámara.
Aún cuando el proyecto fue remitido hace ya un mes por el gobierno y que la comisión de Hacienda y Presupuesto le dio dictamen favorable hace dos semanas, en el recinto se definieron cambios que terminaron descolocando a la misma oposición.
Hasta tuvieron que pedir un cuarto intermedio para aclarar el panorama y poder cerrar un acuerdo arribar a un consenso que finalmente decantó en una adhesión que sumó incentivos locales y desestimó la derogación de la ley que prohíbe la minería metalífera.
El presidente de la comisión que abrió el camino del proyecto en la Legislatura, Carlos Gallia, dijo que el programa permitirá aumentar el desarrollo económico y la competitividad con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años.
El ex intendente de Lules agregó que confían en que la norma ofreverá condiciones necesarias para lograr que lleguen a la provincia inversiones superiores a U$S 200 millones orientadas a la forestoindustria, el turismo, la minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, siempre que atiendan los requisitos.
Galía remarcó que se atendieron los pedidos de sectores ecologistas y de comunidades originarias, que impulsaron la eliminación del artículo que detrminaba la derogación de la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera.
En su lugar se dejó abierta la posibilidad de la exploración minera.
Otro cambio incluido para atraer capitales consistía en no aplicar tasas o tributos provinciales por 30 años, lo que desató duras críticas de la oposición.
Al respecto el lgislador Claudio Viña sostuvo que “nos parece excesivo e inconsulto. Si bien uno intenta seducir inversiones, tampoco creo que sea el modo regalando”.
El parlamentario demandó mayor autonomía para la comisión sobre lo que disponga el Ministerio de Economía y Producción, a la vez que resaltó que se dejar vignte la ley 7.879, porque a su juicio “la minería no ha salvado a ninguna provincia o región, sí a sus inversores”.
Tras escuchar los cuestionamientos de algunos sectores, Gallia se mostró dispuesto a buscar equilibrio, en tanto que el presidente de la bancada oficialista, Roque Tobías Álvarez, afirmó que los 30 años son “una exorbitancia”.
El peronista pidió un cuarto intermedio para tratar con los presidentes de bloque y con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo un punto medio y tras discutirlo, se definió que la exención sea sólo por ocho años, con la posibilidad de una prorroga por el mismo lapso, aunque cumpliendo determinadas condiciones.
En cuanto a la minería, hubo reiterados discursos críticos porque la iniciativa por el RIGI no llegó al recinto con tratamiento en la comisión de Medio Ambiente, seguidos por una celebración generalizada cuando se dejó vigente la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera y el uso de mercurio y de cianuro.
El oficialista Hugo Ledesma consideró que hubiera sido mejor que no se incluyra en la norma el artículo que habilita la exploración minera, aunque también hubo voces a favor del desarrollo minero dado que la provincia debe atraer capitales y hay modelos de muy bajo impacto ambiental.
Este artículo en particular fue refrendado por mayoría, con las abstenciones de los legisladores Silvia Elías de Pérez, Seleme, José Cano y Agustín Romano Norri y sin votos en contra.