El tráfico de drogas en el país encontró en la vulnerabilidad social un terreno fértil para expandirse, y en el primer trimestre de 2026 esa tendencia se volvió evidente con el aumento de personas utilizadas como “capsuleros”, es decir, transportistas de cocaína ocultada en el interior del cuerpo. La modalidad quedó expuesta tras una serie de procedimientos y un fallo judicial que terminó con el sobreseimiento de tres mujeres que habían sido obligadas a cumplir ese rol.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el sábado en Molle Yaco, donde gendarmes detuvieron un micro de larga distancia en un control de rutina. Durante la inspección, un pasajero comenzó a manifestar fuertes dolores abdominales y pidió asistencia. Fue trasladado primero al hospital de Trancas y luego al Centro de Salud, donde evacuó cápsulas que contenían más de un kilo de cocaína.
Días antes, en Huacra —en el límite con Catamarca—, otro operativo sobre un tour de compras derivó en un hallazgo mayor. Una mujer llevaba más de tres kilos de droga adheridos a su cuerpo y ocultos entre los asientos. En un procedimiento poco habitual y cuestionado por especialistas, todos los pasajeros fueron sometidos a estudios radiográficos. En cinco casos se detectaron cápsulas en el organismo, confirmándose que en total transportaban más de 10 kilos de cocaína.
La secuencia de casos comenzó en enero con la detención de una mujer en La Rioja que llevaba un kilo de droga, y continuó en febrero con el arresto de tres mujeres que trasladaban dos kilos. En lo que va del año, los secuestros por esta modalidad alcanzaron los 14 kilos, un volumen que implica un incremento superior al 20% respecto del mismo período anterior. En 2023 y 2024, este tipo de envíos ni siquiera había sido detectado.
Los expedientes presentan patrones repetidos: más de la mitad de los detenidos son de nacionalidad boliviana, los traslados parten en su mayoría desde Jujuy y el destino final es Mendoza. En términos económicos, el cargamento decomisado tiene un valor estimado de U$S 42.000 en frontera, que puede ascender a U$S 70.000 en destino. Sin embargo, quienes transportan la droga perciben no más de U$S 200.
El caso ocurrido en febrero permitió reconstruir el mecanismo de captación. Melisa (21), oriunda de Santa Cruz de la Sierra; Delia (32) y Joana (24), ambas de Cochabamba, no se conocían entre sí, pero compartían una situación de precariedad: sin empleo formal, con hijos y responsabilidades familiares. Fueron contactadas por una mujer que les ofreció dinero para trasladar supuestas prendas y cremas hacia Argentina. El viaje fue financiado por la organización, que las hizo cruzar por un paso no habilitado para evitar registros migratorios.
Una vez en Villazón, fueron alojadas en una vivienda donde les prometieron continuar viaje hacia Mendoza. Allí apareció un hombre que extrajo cápsulas con droga y, bajo amenazas y violencia, las obligó a ingerirlas. “Te vas a llevar todo esto si no querés que le pase algo a tu hijita”, fue una de las intimidaciones que recibió Melisa. Delia relató que intentaron obligarlas a tragar cerca de 100 cápsulas, en condiciones de encierro, sin alimento y bajo vigilancia constante. “Nos amenazaban con hacerles daño a nuestros hijos”, declaró. Joana confirmó el mismo patrón: gritos, amenazas y control permanente.
Las tres fueron detenidas a fines de febrero en el control de Molle Yaco. Aunque lograron sobrevivir al riesgo sanitario que implica el transporte de droga en el cuerpo, su situación se agravó tras la detención. Según consta en el expediente, sufrieron discriminación y malos tratos, incluso por parte de otras detenidas, y fueron obligadas a realizar tareas de limpieza.
La defensa, a cargo de Alejandro López Islas y Nicolás Ramasco Padilla, solicitó desde el inicio que se aplicara la ley de Trata de Personas, argumentando que las mujeres habían sido captadas mediante engaños y sometidas bajo amenazas. El fiscal federal Agustín Chit acompañó la hipótesis, aunque pidió medidas adicionales para confirmarla. Finalmente, el juez Guillermo Díaz Martínez consideró acreditada esa situación y resolvió su sobreseimiento, ordenando su inmediata liberación.
Las mujeres regresaron a Bolivia tras recuperar la libertad. “Hasta el último momento fueron obligadas a limpiar los baños. Eso demuestra todo lo que vivieron”, señalaron sus defensores.
El avance de esta modalidad deja en evidencia no sólo la sofisticación de las redes narco, sino también su capacidad de reclutar a personas en contextos de extrema vulnerabilidad, convirtiéndolas en eslabones descartables dentro de una cadena delictiva que sigue expandiéndose en la región.
Fuente: Contexto