El ministro de Economía, Luis Caputo, elevó la tensión con las entidades financieras privadas al reclamarles que dejen de poner obstáculos a los ahorristas que buscan ingresar sus «dólares del colchón» al sistema formal.
A través de un mensaje directo en sus redes sociales, el funcionario instó a los bancos a no solicitar documentación excesiva y advirtió que el Banco Nación (BNA) ya tiene la orden de aceptar los depósitos de manera inmediata.
“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación”, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, resaltó Caputo.
Según explicó, la única condición para los clientes será demostrar la adhesión al flamante Régimen Simplificado de Ganancias, creado por la Ley de Inocencia Fiscal que el Senado sancionó el pasado viernes.
El rol del Banco Nación
Pese a que la norma aún no fue promulgada ni reglamentada en el Boletín Oficial, el Gobierno busca acelerar la circulación de divisas. El Banco Nación confirmó que ya está operativo para recibir consultas y depósitos, permitiendo que los ahorristas dispongan de sus dólares «como en cualquier lugar del mundo», ya sea para consumo o inversión.
En sintonía, Juan Pazo, ex titular de ARCA y uno de los cerebros detrás del proyecto, aclaró que los bancos no deben exigir pasos extra. “Los ciudadanos tienen que saber que no hay obligación de presentar más documentación que la inscripción al régimen simplificado”, precisó.
Lo que hay que saber sobre blanqueo y alivio fiscal
La nueva ley no solo busca atraer dólares, sino que redefine la relación del contribuyente con el fisco. El Régimen Simplificado está diseñado para quienes tengan ingresos anuales menores a $1.000 millones. Bajo este esquema, ARCA dejará de controlar los gastos o bienes individuales, centrándose solo en la facturación declarada.
También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.
Además, se reducen los plazos que tiene el Estado para revisar y reclamar impuestos. Se propone un esquema de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento del contribuyente.