En un fallo que ha generado indignación entre los jubilados tucumanos, el juez federal Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N°2, decidió remitir a Mendoza el amparo presentado por el diputado Carlos Cisneros contra las restricciones impuestas por el PAMI para acceder a medicamentos gratuitos. La resolución, tomada el 3 de enero, deja a miles de jubilados en una situación de vulnerabilidad extrema, al negarles una respuesta inmediata y concreta ante un tema que pone en riesgo su salud y su vida.
Un fallo que abandona a Tucumán
La decisión del juez Díaz Martínez de remitir la causa al Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Quiroz, se fundamentó en la existencia de un proceso similar en esa jurisdicción. Sin embargo, esta medida ignora que la causa mendocina está limitada exclusivamente a los jubilados de esa provincia, dejando sin protección cautelar a los jubilados tucumanos que, desde diciembre, enfrentan graves restricciones para acceder a medicamentos esenciales.
Carlos Cisneros, quien interpuso el amparo como representante de la Asociación Bancaria y la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario, señaló: «Es inadmisible que mientras en Mendoza se reconoce el peligro en la demora y se otorgan medidas cautelares, en Tucumán se decida abandonar a nuestros jubilados al trasladar la causa. Este fallo genera una desigualdad que pone en peligro vidas».
El impacto de la falta de acción judicial
La revocatoria presentada por Cisneros subraya las graves consecuencias de esta decisión judicial. Desde el PAMI, las restricciones anunciadas en diciembre exigen que los jubilados cumplan con requisitos como ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos o no tener más de un inmueble. Estas medidas han dejado sin acceso a medicamentos a quienes dependen exclusivamente del programa «Vivir Mejor» para tratar enfermedades crónicas.
En su recurso, Cisneros remarcó que el fallo de Díaz Martínez contradice el espíritu de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que exige celeridad en casos que afecten la salud y la vida de los adultos mayores. «Estamos hablando de derechos fundamentales, no de trámites burocráticos», afirmó el diputado.
El impacto no es solo jurídico, sino profundamente humano. Jubilados que dependen de sus medicamentos para condiciones como hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas se enfrentan ahora a la incertidumbre de no poder costear sus tratamientos.
El fiscal federal de Mendoza ya reconoció la urgencia del caso, subrayando que la demora en la provisión de medicamentos puede generar daños irreparables. Sin embargo, la falta de acción similar en Tucumán está siendo fuertemente cuestionada, lo que podría generar una fuerte presión social para que el juez Díaz Martínez rectifique su decisión y otorgue una medida cautelar que garantice la continuidad del acceso a los medicamentos para los Jubilados tucumanos.