La ciudad de Juan Bautista Alberdi se convirtió en el epicentro de una de las investigaciones judiciales más sensibles y complejas de la historia reciente de Tucumán. Tanto la Justicia Federal como la ordinaria avanzan en paralelo sobre una presunta organización delictiva integrada por funcionarios públicos, acusados de participar en la distribución y comercialización de estupefacientes, además de utilizar la estructura municipal para lavar activos obtenidos de la actividad ilícita.
El caso tiene su origen en un audio viralizado el pasado 5 de junio, que expone una conversación entre el ex intendente Luis “Pato” Campos y el empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez. La grabación, que data de septiembre de 2024, fue el punto de partida de dos investigaciones penales simultáneas: una dirigida por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y otra por la fiscal Mónica García de Targa. Ambos llegaron a conclusiones similares: una red narco con influencia política y policial operó desde el corazón del municipio.
Además del exintendente Campos y Giménez, están bajo investigación la legisladora y esposa del ex jefe comunal, Sandra Figueroa, el ex secretario de Hacienda José Roldán, el exsecretario de Acción y Desarrollo Social Pablo “Maceta” Barrionuevo, el ex concejal Pablo Loru, y el gremialista José “Cucha Mota” Funez. También se analizan los vínculos de otros actores, como el exsecretario de Obras Públicas Juan Lezcano y empresarios vinculados a contrataciones públicas.
Si bien aún no están definidos los roles específicos, los fiscales apuntan a José Roldán como el presunto líder de la organización. En el audio clave, Giménez lo acusa directamente: “Roldán les vende drogas a menores”. Por su parte, Funez lo calificó como “el jefe de la mafia de Alberdi”. Los investigadores sostienen que, por su rol estratégico en la administración local, Roldán habría manejado recursos clave para el funcionamiento del entramado.
La figura de Carlos “Kokoz” Rodríguez, ex mano derecha de Roldán y detenido en Salta por el doble crimen de ciudadanos bolivianos, aparece como un nexo importante. Según las autoridades, Rodríguez habría seguido cobrando del municipio aún estando preso desde hace más de un año. Además, su entorno está vinculado con otros nombres investigados por narcotráfico, como Roque “Colorao” Carrazán.
La situación se torna aún más comprometida con la reciente detención de Rodrigo “Patón” Campos, quien fue sorprendido con más de un kilo de cocaína. El joven, mencionado en el audio, habría trabajado para “Kokoz” y también fue señalado por Funez como parte del grupo que amenazaba a quienes intentaban denunciar la red.
La investigación no se detiene en Alberdi. Se detectaron viajes reiterados a Bolivia de algunos imputados, entre ellos “Chipi” Giménez y la legisladora Figueroa, lo que refuerza las sospechas de conexiones internacionales en la compra de estupefacientes. Aunque los abogados defensores argumentan que los viajes fueron por motivos familiares, los fiscales no descartan que estén vinculados al tráfico de drogas.
En paralelo, se investiga la utilización de empresas fantasmas para lavar dinero. Según el expediente, Giménez habría fundado “Giménez Consoulting Group” y “Giménez Producciones” con las que facturó millones en contrataciones municipales, incluso por supuestos servicios de sonido en eventos públicos. Solo en dos años, la firma cobró más de $ 400 millones por obras que vecinos denuncian como abandonadas o directamente inexistentes.
A este complejo panorama se suma una acusación realizada en 2023 por el ex candidato a intendente Miguel López Ibarra, quien junto a dirigentes de Juntos por el Cambio denunció a Campos y Roldán por entregar drogas a cambio de votos. La Fiscalía decidió reabrir esa causa y convocó a testigos que afirmaron haber visto distribución de alimentos y bebidas en sedes partidarias durante la campaña, aunque sin evidencia directa de entrega de estupefacientes.
“Es una versión totalmente descabellada”, respondió el abogado Javier Lobo Aragón, defensor del exconcejal Loru, quien rechaza categóricamente las acusaciones.
La causa promete nuevas definiciones esta semana. Se espera que la fiscal García de Targa avance en la situación procesal del ex intendente Campos y la legisladora Figueroa. Sin embargo, no se descarta que la funcionaria solicite declarar la incompetencia de la justicia ordinaria y que todo el expediente pase al fuero federal, ya que los delitos investigados —como narcotráfico y lavado— corresponden a esa órbita.
Desde Alberdi, vecinos piden que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias. “Durante 20 años nos arruinaron la ciudad”, denunció Juana de Rodríguez, habitante local. “Si es cierto que dejaron crecer la droga a costa del poder político, entonces merecen una condena ejemplar”.
Fuente: Contexto