La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez ingresó en una nueva etapa luego de que Felipe «El Militar» Sosa, principal acusado del crimen, decidiera declarar por primera vez desde su detención y negara haber asesinado a la joven. Su intervención se produjo durante una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal presentó nuevas evidencias contra los cuatro imputados y reformuló la acusación de cara al futuro juicio.
«Que quede en claro que no maté a Érika», expresó Sosa al tomar la palabra, sorprendiendo incluso a los presentes, ya que su defensor había anticipado que el acusado haría uso de su derecho a declarar tras permanecer en silencio durante cinco meses.
La causa, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, sostiene que Érika Antonella Álvarez fue asesinada a golpes el 7 de enero en la vivienda donde residía Sosa. Según la hipótesis fiscal, el cuerpo fue colocado posteriormente dentro de una bolsa de residuos y abandonado en un descampado de Manantial Sur. Además del principal imputado, permanecen procesados Justina Gordillo, quien era pareja de Sosa al momento de los hechos; Nicolás Navarro Flores, amigo personal del acusado; y Jorge «Chicho» Díaz, empleado de confianza, todos investigados por presuntas maniobras de encubrimiento.
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma, siguiendo instrucciones de Gallo, informó que las pruebas incorporadas durante la investigación permitieron descartar la participación de otras personas en el homicidio. La representante del Ministerio Público explicó que, aunque en los primeros momentos no se descartaba la intervención de terceros, las pericias realizadas únicamente detectaron rastros genéticos correspondientes a Sosa.
Luego de escuchar esa exposición, el imputado negó cualquier participación en el crimen. «No pude haberla matado. No tenía vínculos con ella. La última vez que estuve con ella fue en mayo de 2024. Estaba totalmente solo», manifestó ante el juez.
El abogado querellante Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, interpretó la declaración como parte de la estrategia defensiva que, según afirmó, viene desarrollando el acusado desde hace varias audiencias. El letrado recordó que la defensa había anticipado que intentaría demostrar que Érika mantenía una relación comercial vinculada a la venta de drogas con Sosa mediante comprobantes de transferencias bancarias, aunque señaló que esa documentación aún no fue incorporada al expediente.
Garmendia también sostuvo que otro de los ejes de la estrategia consiste en cuestionar la autopsia practicada sobre el cuerpo de la joven, intentando instalar la hipótesis de que la muerte no fue consecuencia de la golpiza atribuida al acusado.
Por su parte, Marcelo Cosiansi, quien ejerce la defensa de Sosa junto con Nicolás Ruiz Flores, consideró que la audiencia representó un avance importante porque, a su criterio, la reconstrucción fáctica expuesta por la Fiscalía comienza a coincidir con algunos de los planteos formulados por la defensa desde el inicio del proceso.
El abogado informó además que incorporaron informes elaborados por especialistas forenses de reconocimiento nacional que contradicen las conclusiones de la autopsia oficial. Según explicó, la acusación se sustenta precisamente sobre ese estudio médico, por lo que entiende que la verdadera causa de la muerte continúa siendo un aspecto abierto al debate judicial. En ese sentido, sostuvo que el proceso debe concentrarse en esclarecer las cuestiones médico-legales pendientes, ya que de ellas dependerá la correcta reconstrucción de los hechos.
Cosiansi también consideró que no resulta extraño que su defendido haya decidido declarar en esta instancia, al recordar que se trata de un derecho procesal y que el caso se desarrolla en un contexto excepcional, vinculado —según expresó— al fallecimiento de una persona que mantenía una relación con un narcotraficante.
Durante la audiencia, el Ministerio Público también precisó el rol que, según la investigación, habrían desempeñado los otros imputados en las maniobras posteriores al crimen.
Respecto de Justina Gordillo, la Fiscalía sostiene que habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros, la fuga de Sosa y el acuerdo para administrar sus cuentas.
En cuanto a Nicolás Navarro Flores, se le atribuye haber participado en la desaparición de dos bolsas que presuntamente contenían la ropa y el teléfono celular de la víctima, además de haber ofrecido una propiedad perteneciente a su familia para ocultar el cadáver.
Sobre Jorge Orlando Díaz, la acusación indica que habría intervenido en la eliminación de evidencias comprometedoras, limpiando la vivienda donde se produjo el femicidio y colaborando en el ocultamiento del cuerpo.
Las defensas de los acusados cuestionaron la reformulación de cargos. María Florencia Abdala, representante de Gordillo, sostuvo que la acusación carece de precisiones respecto de la forma, el momento y el lugar en que su asistida habría participado en el supuesto encubrimiento, por lo que calificó el planteo como «sumamente cuestionable».
Ese criterio fue compartido por Juan Pablo Bello, defensor de Jorge Díaz. En cambio, Patricio Char, abogado de Nicolás Navarro Flores, no formuló objeciones.
Tras escuchar a las partes, el juez Bernardo L’Erario Babot consideró válida la reformulación de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, decisión que permite que la causa continúe avanzando hacia la instancia de juicio oral, donde deberán debatirse tanto la responsabilidad penal de los imputados como las distintas hipótesis planteadas por las partes sobre la mecánica del crimen y la causa de la muerte de Érika Antonella Álvarez.
Fuente: Contexto