Justina Gordillo rompió el silencio. Días después de su ingreso al penal de Delfín Gallo, la empleada judicial declaró a través de sus defensores, Camilo Atim y María Florencia Abdala. Sus dichos, que no modificaron su situación procesal, complicaron aún más a Felipe “El Militar” Sosa, el único acusado por el crimen de Érika Antonella Álvarez. También permitieron que el fiscal Pedro Gallo identificara al menos a algunas personas que podrían haber tenido participación en el hecho.
El 8 de enero el cuerpo de la víctima fue encontrado en un descampado de Manantial Sur. Una semana después, en la localidad bonaerense de Pilar, fue detenido “El Militar”. Tras ser trasladado a la provincia, fue imputado por homicidio simple y se le dictó prisión preventiva por seis meses.
Para los investigadores, Sosa no actuó solo: habría contado con la colaboración de otras personas para ocultar el cuerpo de Érika y eliminar evidencia que pudiera incriminarlo. Después de analizar imágenes de cámaras de seguridad y recolectar pruebas, la Policía detuvo en un country de Yerba Buena a la pareja del imputado.
Gordillo, divorciada, madre de dos hijos adolescentes, técnica en marketing y secretaria judicial de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, fue acusada por el fiscal Gallo de haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, ayudado a eliminar el celular de la joven y facilitado la fuga de Sosa. Le dictaron prisión preventiva por tres meses, pese a que se confirmó que no habría participado directamente en el crimen.
Un paso necesario
Tarde o temprano se preveía que Gordillo daría su versión de los hechos. Ese paso lo dio hace varios días, aunque sus declaraciones se mantuvieron en reserva para no entorpecer la investigación. Entre otros puntos, reveló
Insistió en que no participó de ningún encuentro sexual con Érika y Sosa, como se había especulado en un primer momento. Reconoció que esa noche cenó con “El Militar” y luego regresó a su casa.
Tal como surgió del análisis de las cámaras de seguridad, se retiró pasada la medianoche. En cambio, se confirmó que Érika llegó a la vivienda donde ocurrió el crimen alrededor de las tres de la madrugada en un Uber. Quedó la incógnita sobre la identidad de la mujer que habría ingresado con Sosa al domicilio cerca de las 21.
Señaló que el miércoles 7 el acusado la llamó para pedirle ayuda, ya que una joven que estaba con él se había descompensado. Más tarde le comunicó que la situación estaba controlada.
Aclaró que las dos personas que fueron señaladas como ocupantes de un Chevrolet Corsa gris eran vecinos del acusado y que no habían estado con ellos esa noche.
Aportó una lista de nombres de personas que tuvieron contacto con Sosa antes de que ocultara el cuerpo. Sus identidades no fueron reveladas para no entorpecer la pesquisa. Según trascendió, se trataría de empleados de sus empresas o de personas vinculadas a la concesionaria donde compró la moto con la que huyó hacia Buenos Aires.
Reconoció que estuvo en la casa de Sosa después del crimen, aunque afirmó que no advirtió nada extraño. Sí dijo haber visto cómo el imputado entregaba un celular rosa a un allegado.
Admitió que “El Militar” mantenía relaciones paralelas con otras mujeres, muchas de ellas con problemas de adicción.
También sostuvo que Sosa le había contado que años atrás se dedicó a la venta de éxtasis, versión que ya había sido mencionada por la familia de Érika.
Los próximos pasos
Cabe aclarar que Gordillo declaró en calidad de imputada, no de testigo, por lo que no está obligada a decir la verdad. Su versión ya es analizada por el fiscal Gallo y, por el momento, su situación procesal no se modificó.
Si bien Abdala y Atim evitaron realizar declaraciones públicas, fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas solicitarían una audiencia para pedir su excarcelación o, en su defecto, el otorgamiento del arresto domiciliario hasta que se resuelva su situación en la causa.
Fuente: La Gaceta