El secuestro de 66 kilos de cocaína ocultos en una camioneta sobre la Ruta Nacional 34, en el límite entre Salta y Tucumán, derivó en una compleja investigación que no sólo dejó detenidas a una médica que prestaba servicios en Gendarmería Nacional y a una reconocida esteticista de Tartagal, sino que también puso bajo la lupa a siete efectivos de la Policía de Tucumán cuya presencia en territorio salteño no estaba autorizada. La Justicia Federal sospecha que la carga tenía como destino Tucumán y que durante el traslado fue objeto de un intento de robo entre organizaciones narcocriminales, maniobra conocida en la jerga delictiva como “mejicaneada”.
El episodio comenzó el domingo, alrededor de las 9, cuando una vecina del paraje El Potrero, ubicado sobre el límite entre ambas provincias, llamó desesperadamente a la Policía de Salta para pedir ayuda. Según relató, dos mujeres llegaron hasta su domicilio en estado de shock mientras una intensa balacera alcanzaba el vehículo en el que se desplazaban sobre la Ruta Nacional 34.
Cuando el primer efectivo salteño arribó al lugar encontró una escena propia de una persecución armada. Una Renault Duster de color marrón presentaba al menos siete impactos de bala, uno de sus neumáticos estaba destruido y los vidrios habían estallado. En el interior de la vivienda permanecían resguardadas Ivana Georgina Portal, médica clínica que cumplía funciones en Gendarmería Nacional con asiento en Tartagal, y Delia Yolanda Tame, una reconocida esteticista de esa ciudad.
Las mujeres manifestaron que todo había comenzado luego de detenerse en una estación de servicio YPF de Rosario de la Frontera, desde donde, aseguraron, fueron perseguidas por dos camionetas, una blanca sin patente y otra azul. Según su versión, los ocupantes de esos vehículos efectuaban disparos con el propósito de obligarlas a detener la marcha.
Mientras los uniformados intentaban reconstruir lo sucedido apareció en el lugar un hombre al que el personal policial identificó como José Alfredo “Yuya” Troichuque. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso aceleró la camioneta blanca en la que circulaba y escapó hacia el sur.
La situación se tornó aún más confusa minutos después con la llegada de otra camioneta ocupada por hombres que se identificaron como policías de Tucumán. Los efectivos afirmaron que realizaban tareas de patrullaje, pese a encontrarse en territorio salteño, aproximadamente a 20 kilómetros de la jurisdicción donde legalmente podían intervenir.
Ante las inconsistencias detectadas, los policías salteños dieron intervención a la Justicia Federal al sospechar que el vehículo podía estar siendo utilizado para transportar estupefacientes. Con autorización de la auxiliar fiscal Carolina Salas, los peritos inspeccionaron la Renault Duster y descubrieron un doble fondo oculto bajo el piso del vehículo. Allí encontraron 64 ladrillos de cocaína con un peso total de 66 kilos.
Tras el hallazgo, Portal y Tame fueron detenidas, aunque la investigación recién comenzaba.
Horas más tarde, José Alfredo Troichuque fue arrestado cuando intentaba ingresar a Tucumán por el paso de El Tala, otro de los corredores habitualmente utilizados por organizaciones narcocriminales para el transporte de drogas. En esa oportunidad viajaba junto a su pareja, Adriana Angélica Ita, a bordo de un automóvil distinto de la camioneta observada inicialmente.
En contraste, los policías tucumanos abandonaron rápidamente el lugar sin brindar explicaciones sobre su presencia en el procedimiento.
Ese episodio se convirtió en uno de los aspectos más sensibles de la investigación. Durante una audiencia realizada este lunes, el fiscal federal Ricardo Toranzos confirmó que los efectivos tucumanos se encontraban en una jurisdicción ajena sin autorización alguna.
El representante del Ministerio Público precisó que los agentes se movilizaban en una camioneta particular de color blanco conducida por un uniformado, acompañado por otros tres efectivos. También señaló que llamó poderosamente la atención que, una vez descubierto el cargamento de cocaína, se retiraran sin dejar constancias ni informar oficialmente cuál había sido la actividad que desarrollaban.
A partir de esas irregularidades, la Justicia profundizó la pesquisa sobre los policías. Las averiguaciones permitieron establecer que los superiores de los efectivos desconocían completamente que estuvieran realizando un patrullaje y que tampoco habían autorizado ninguna investigación en territorio salteño.
Los investigadores realizaron entonces un procedimiento en el destacamento policial de 7 de Abril, donde prestaban servicios los implicados. Allí secuestraron la camioneta blanca que habrían utilizado para trasladarse, el libro de guardia donde se registran los movimientos del personal, además de teléfonos celulares y las armas reglamentarias asignadas a los efectivos.
El fiscal Toranzos confirmó que son siete los policías bajo investigación: cuatro que participaron directamente del procedimiento y otros tres que se encontraban asignados al destacamento. Asimismo, explicó que todas las armas serán sometidas a pericias balísticas para determinar si tuvieron alguna participación en el hecho. También advirtió que el acta de actuaciones fue confeccionada con fecha posterior y que no incluía ninguna referencia a lo ocurrido en El Potrero.
Aunque la investigación se encuentra en una etapa inicial, el fiscal expuso la principal hipótesis del caso. Según esa línea investigativa, las dos mujeres habrían sido atacadas por un grupo presuntamente encabezado por Troichuque con el objetivo de apoderarse del cargamento de cocaína. Los investigadores sospechan que la información sobre el transporte de la droga habría sido suministrada por quien la entregó o por alguna persona cercana a las transportistas.
Respecto de la participación de los policías tucumanos, la Justicia trabaja sobre dos posibilidades. La primera plantea que podrían haber sido contratados por Troichuque para intervenir en el intento de robo del cargamento. La segunda hipótesis sostiene que habrían mantenido un acuerdo previo con los responsables de la droga para facilitar el traslado sin controles y que acudieron en auxilio de las mujeres al enterarse del ataque.
Lo que, por el momento, los investigadores consideran prácticamente descartado es que los efectivos estuvieran realizando un patrullaje rutinario en una jurisdicción que no les correspondía. «Estuvieron ahí porque alguien los llamó. Cuando se analicen los celulares se sabrá», señaló una fuente judicial vinculada a la investigación.
Mientras avanza la causa federal, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, dispuso la separación preventiva de los siete efectivos involucrados, los puso a disposición de la Justicia Federal de Salta e inició un sumario administrativo interno para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Su situación procesal y administrativa dependerá ahora del avance de la investigación judicial.