La investigación por el confuso episodio ocurrido en Salta, donde fueron secuestrados 66 kilos de cocaína tras un presunto intento de «mejicaneada», sumó un nuevo capítulo con la ampliación de las actuaciones administrativas en la Policía de Tucumán. El jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, confirmó que ya son 11 los efectivos pasados a disponibilidad y aseguró que la pesquisa interna avanzará independientemente de las causas que tramitan en la Justicia Federal de Salta y en la Justicia provincial tucumana.
“Más allá de lo que hagan la Justicia Federal de Salta y la ordinaria de Tucumán, seguimos investigando administrativamente este caso, que reviste una enorme gravedad. Vamos a llegar hasta el fondo”, afirmó Girvau al referirse al expediente que mantiene bajo sospecha a varios integrantes de la fuerza provincial.
El caso comenzó cuando la cosmetóloga Delia Yolanda Tame y la médica de Gendarmería Nacional Ivana Georgina Portal transportaban 66 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de una Renault Duster. Durante el recorrido fueron interceptadas por un grupo armado que intentó obligarlas a detenerse mediante disparos para apoderarse del cargamento.
El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, sostiene como principal hipótesis que el grupo habría estado encabezado por Jorge “Xuxa” Troichuque y que entre los involucrados podrían encontrarse al menos cuatro policías tucumanos que se presentaron en la escena, pese a que el procedimiento se desarrolló íntegramente en territorio salteño.
Según la explicación brindada por los uniformados a sus superiores, un automovilista —cuya identidad nunca quedó registrada oficialmente— les advirtió que desconocidos estaban atacando a balazos una Renault Duster. Con ese argumento, aseguraron que acudieron al lugar por razones humanitarias para verificar la situación.
Sin embargo, a medida que avanzó la investigación comenzaron a surgir nuevas irregularidades. La primera fue que los policías utilizaron una camioneta que permanecía secuestrada en otra causa judicial por tener pedido de secuestro tras haber sido robada. La segunda consistió en que ni la utilización de ese vehículo ni la salida del personal quedaron asentadas en el libro de guardia correspondiente.
«No se encuentra ningún justificativo para esta conducta. Hay numerosas irregularidades y quienes resulten responsables deberán hacerse cargo. No podemos ni vamos a dejar pasar este tipo de situaciones, caiga quien caiga», advirtió Girvau.
En el marco de la causa federal, Toranzos secuestró las armas reglamentarias de los cuatro policías que estuvieron en Salta y también las de otros tres efectivos que se encontraban de guardia en el destacamento de 7 de Abril.
En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Tucumán, por disposición del jefe de la fuerza, incorporó nuevos elementos de interés y decidió extender la investigación administrativa a otros cuatro uniformados, elevando a 11 el número de efectivos separados preventivamente.
Las autoridades no descartan que en las próximas horas aparezcan nuevas responsabilidades, ya no sólo por una eventual participación directa en los hechos, sino también por posibles omisiones en los controles o eventuales maniobras de encubrimiento.
Además de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal en Salta, el fiscal tucumano Carlos Saltor requirió la apertura de una causa específica por la utilización de la camioneta secuestrada durante un procedimiento realizado en la localidad de 7 de Abril. De acuerdo con fuentes judiciales, la investigación quedará a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira y los policías sospechados ya habrían sido notificados formalmente sobre el inicio del expediente.
Otro de los elementos que podría agravar la situación procesal de los efectivos surgió del análisis de la escena del ataque. Según los testimonios incorporados al expediente y las marcas observadas sobre la Renault Duster, el intercambio de disparos fue de gran intensidad. Sin embargo, durante las inspecciones no fueron halladas vainas servidas.
Ante esa circunstancia, Toranzos analiza la posibilidad de que los policías tucumanos hayan permanecido en el lugar para retirar esos elementos y dificultar la identificación de quienes efectuaron los disparos.
Pese a ello, los peritos lograron secuestrar proyectiles que serán sometidos a pericias balísticas y que podrían aportar información determinante para el avance de la causa. A ello se sumará el análisis del contenido de los teléfonos celulares incautados durante los procedimientos.
Para los investigadores, las irregularidades detectadas son evidentes: los efectivos actuaron fuera de su jurisdicción sin autorización formal y utilizaron una camioneta que no sólo no pertenecía oficialmente a la fuerza, sino que además estaba secuestrada por orden judicial en una causa por robo.
El episodio también volvió a poner bajo la lupa un sector considerado cada vez más sensible para las investigaciones sobre narcotráfico y contrabando. En esa zona, ubicada en las cercanías del límite entre Tucumán, Salta y Santiago del Estero, en los últimos meses se registraron un vehículo incendiado y varios tiroteos en caminos secundarios utilizados por organizaciones criminales.
En ese contexto, Toranzos sostiene que el ataque respondió a una típica «mejicaneada», modalidad mediante la cual una organización intenta apoderarse de un cargamento de droga perteneciente a otra banda antes de que llegue a destino. Según esa teoría, los atacantes conocían que la médica de Gendarmería y su acompañante transportaban cocaína y eligieron interceptarlas en un paraje aislado para quedarse con la carga.
La región, que algunos investigadores denominan la «triple frontera del NOA» por la cercanía entre Tucumán, Salta y Santiago del Estero, volvió a concentrar la atención judicial en los últimos días. Muy cerca de ese lugar también fueron detenidos recientemente siete efectivos de la Policía Federal Argentina acusados de cobrar sobornos para permitir el paso de bagayeros dedicados al transporte de mercadería de contrabando.
Fuente: Contexto