La Justicia intimó a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello a explicar qué acciones concretas adoptó la cartera que preside durante los meses de diciembre de 2023 a marzo de este año para “garantizar específicamente el proceso de distribución de alimentos a comedores/merenderos».
La investigación iniciada por una denuncia penal contra el Gobierno por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios avanza y ahora intimaron a Pettovello a informar dentro de 10 días y dar explicaciones sobre los recursos destinados a ese fin.
La fiscal federal Paloma Ochoa tiene delegada una causa que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y pidió medidas de prueba, entre ellos distintos informes al ministerio.
El ministerio de Capital Humano, ante un pedido de informes anterior, respondió que las prestaciones alimentarias «no han sido interrumpidas»
Desde el ministerio contestaron en su momento: «Se informa que en relación a las prestaciones alimentarias destinadas a comedores y/o merenderos, se sostienen las líneas de acción instrumentadas dentro de la órbita de esta Subsecretaría de Políticas Sociales, las cuales a la fecha están siendo ejecutadas y no han sido interrumpidas».
Ahora la fiscal Ochoa pidió a Pettovello que «se precise la cantidad y tipo de alimento entregado, el depósito de origen, la fecha de repartición y los comedores/merenderos receptores acompañándose el respaldo documental de aquello que sea informado».
Además pidió las resoluciones de 2023 del entonces Ministerio de Desarrollo Social y hasta febrero de este año «a través de las cuales se autorizó la transferencia de dinero con destino a financiar el proceso de Acreditación Mensual de Fondos a comedores/merenderos en el marco del Programa Alimentar Comunidad»
En febrero pasado, organizaciones sociales, entre ellos, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois presentó una denuncia contra Pettovello, en la que la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”.
Según la denuncia de Grabois, la ministra estaría “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”.
En su presentación, Grabois reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria “informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
Amparo y medida de no innovar
En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo tramita otro planteo de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que solicitó que se dicte una medida de “prohibición de innovar”, para que el Gobierno Nacional – específicamente el Ministerio de Capital Humano – “no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos, hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria”.
El planteo tiene como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, «en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.
También la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación.