La recuperación de un loteo y la obstrucción del camino de un posible proyecto inmobiliario fueron tomados como una señal de que comenzó el proceso de reorganización dominial de El Cadillal. Sin generar el efecto de una máquina arrancando los alambrados de las parcelas, en la Dirección General de Catastro continúa la investigación para determinar cómo se había llegado a esta situación. Fueron tan graves las irregularidades detectadas que los responsables de la repartición denunciaron penalmente a cinco empleados de la ex subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat.
La medida cayó como un baldazo de agua fría entre los ocupantes de las tierras de la villa turística. Pese al avance de la investigación que desarrollaban distintas reparticiones del Estado, estaban confiados de que no pasaría “Estamos amparados por la Ley. El mismo Gobierno nos dio la herramienta para quedarnos con las tierras que compramos”. Esa es la frase que utilizan los compradores para justificar la posesión de las tierras. Las normas en cuestión son la 9.179 sancionada en mayo de 2015 y luego modificada por la 9.591 en 2022 que tenían como objetivo regularizar la situación dominial de la villa.
Las normas autorizaban al Poder Ejecutivo a enajenar tierras fiscales que estaban ocupadas para vendérselas, a través de una licitación pública, a las personas que habían ocupado esas parcelas hasta el 30 de noviembre de 2018. La Ley ordenaba al Estado a realizar una zonificación de toda la villa para determinar qué sectores se podrían destinar a la venta y cuáles debían protegerse porque estaban en zonas de reservas o que podían ser utilizados para investigación científica.
Los resultados del informe fueron categóricos. En total, según los informes con los que se aprobaron las leyes, estaban en condiciones de regularizar más de 3.000 hectáreas. De los 85 padrones detectados, sólo 15 estaban ubicados en el sector que podía ser enajenado por el Gobierno. Dos directamente se encuentran en zonas de reserva, los 58 restantes en lugares que deberían ser preservados por encontrarse en lugares destinados a investigaciones.
Punto de partida
El proceso se puso en marcha en abril de 2023. En la página de Información Pública se publicó cómo era el trámite que debían desarrollar. Las personas que contaban con fracciones de hasta 3.000 m2 debían presentarse ante el Ente Tucumán Turismo, mientras que en los casos de parcelas de hasta 500 m2, incluidas en las zonas constituidas por grupo de ocupaciones asimilables a asentamientos y que tengan como destino exclusivo de vivienda familiar, única y permanente de tipo económico y que cumplan con las restantes condiciones que determine la reglamentación.
Los interesados tenían plazo hasta julio de 2023 para presentar todos los papeles exigidos y hacer la oferta económica con la que podrían ganar la licitación. Después, las autoridades deberían analizar si el lugar estaba ubicado en zona enajenable, es decir, si el Estado podía venderlas.
Supuestamente, si estaba todo en orden, el peticionante que accedía al plan de regularización, tenía la oportunidad de comprar en una sola cuota o en a través de un plan de pago. La norma establecía que una vez que se cancele la deuda de adquisición, podría iniciarse el trámite de escrituración a nombre del comprador, que debía esperar cinco años para transferirla o venderla en su totalidad o realizar loteos.
El desenlace
Los resultados no fueron los esperados. Sólo 400 personas se presentaron a realizar los trámites de regularización que ofrecía la ley. Esa cifra representa poco más del 10% de las casi 3.000 viviendas que fueron construidas irregularmente en esa villa turística, según el relevamiento realizado por Catastro.
El trabajo que realizaba la ex subsecretaría de Regularización Dominial pasó a manos de Catastro. Su titular Alejandro Navarro ordenó realizar una auditoría. Entre los más de 20.000 expedientes que analizaron, había varios que se habían iniciado tenían que ver con tierras en El Cadillal y las fechas de inicio coincidían con el del plan de ordenamiento dominial. A través de denuncias de varias personas, sospecharon que varios de sus empleados ofrecían realizar los trámites de escrituración por fuera de ley.
“Básicamente les pedían dinero para hacer la documentación exigida para iniciar los trámites y de esta manera no tener que comprarle al Estado las tierras que ocupaban”, explicó una fuente de Catastro. Por esa razón, los abogados de la repartición denunciaron a Rafael Trujillo y a Maximiliano Barreiro (los mismos que están siendo investigados por el “Loteo Gaucho Castro” de El Mollar), otros tres empleados más y los que surgieran de la investigación.
Todavía queda determinar la situación procesal del comisionado Dante Delgado no se definió por el momento. Durante la campaña electoral, según se desprende en la página de Facebook de la comuna de El Cadillal, convocó a los vecinos para que iniciaran los trámites para obtener la escrituración de las tierras que habían adquirido. La tarea estuvo a cargo del personal de Regularización Dominial con Trujillo a la cabeza. Los compradores indicaron que el funcionario habría intentado tranquilizarlos diciéndoles que el Gobierno lanzaría un plan similar a las leyes sancionadas.
El plazo para adherirse al plan ya expiró. Para que los ocupantes de las tierras fiscales vuelvan a tener una oportunidad, la Legislatura tendrá que sancionar una nueva Ley con otras condiciones o modificar la última sancionada.
Los vecinos de la villa turística se reunieron en el anfiteatro
Con la esperanza de frenar el plan de reordenamiento territorial que inició la Provincia en El Cadillal, compradores de terrenos que no están en situación regular se reunieron ayer por la tarde en el Anfiteatro de esa villa turística. El objetivo del encuentro fue definir cuáles serán los caminos que tomarán para solucionar el problema. “No somos usurpadores, somos compradores de buena fe. El mismo Gobierno nos dio la posibilidad de acomodar las cosas. No tenemos la culpa de que los empleados del Estado nos hayan engañado. Les pagamos para que hicieran el trámite, pero no hicieron nada”, explicó Camila Herrera. Las personas que estuvieron en el encuentro son residentes permanentes y ocasionales. “Cuando nos enteramos de que estaban haciendo desalojos nos asustamos en serio. Ahí nos dimos cuenta de que las intenciones de las autoridades son recuperar las tierras fiscales. No las usurpamos, compramos en buena fe”, insistió Juan Carlos García. Al cierre de esta edición, por las redes sociales, seguían discutiendo qué medidas tomarían. En el encuentro habían acordado presentar una nota ante el gobernador, Osvaldo Jaldo, para que escuche su postura. “Somos gente trabajadora que con mucho esfuerzo hizo su casa. No es justo que ahora quieran quitárnosla”, finalizó Herrera.
Fuente: La Gaceta