La recuperación de terrenos en la Reserva Natural La Angostura, usurpados por un presunto emprendimiento inmobiliario ilegal, dio un paso clave en las últimas horas. Uno de los ocupantes del denominado “Loteo Gaucho Castro” desarmó voluntariamente una casa prefabricada que había construido dentro del área protegida, cumpliendo así con uno de los compromisos acordados para evitar ser juzgado penalmente.
El implicado, identificado como Luciano Bolla, había sido detenido a principios de enero tras ser sorprendido junto a dos obreros realizando tareas de albañilería en el terreno, pese a que la Justicia había dictado una medida de no innovar en noviembre del año pasado, a pedido de la fiscal de Estado Gilda Pedicone. Los trabajadores fueron liberados y apartados del caso, pero Bolla permaneció detenido hasta que su defensa alcanzó un acuerdo con el fiscal Miguel Varela y el querellante José María Molina, representante de la Provincia.
Como parte de la probation concedida, el acusado se comprometió a realizar tareas comunitarias en el Hospital de Aguilares y a donar leche y pañales para bebés prematuros en la Sala Cuna de San Miguel de Tucumán, durante un período de dos años. Además, y a pedido de la Fiscalía de Estado, aceptó levantar la estructura de su vivienda, acción que fue verificada por las autoridades en las últimas horas.
Mientras tanto, la investigación sobre el presunto loteo ilegal sigue su curso. El fiscal Varela avanza con nuevas pruebas que podrían derivar, la próxima semana, en la audiencia de formulación de cargos contra quienes habrían ideado y ejecutado el proyecto de urbanización clandestina en tierras fiscales.
Según la hipótesis de la Fiscalía, varias personas conformaron una organización para usurpar, dividir y vender parcelas dentro de la reserva, valiéndose presuntamente de contactos con funcionarios públicos para intentar otorgar un barniz de legalidad a las operaciones.
El nombre central en la causa es Juan Pablo Castro, presentado como el titular del loteo. Habría sido convencido para participar de la comercialización por Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, ex empleados de la extinta Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, quienes habrían actuado como desarrolladores. A su vez, el ex funcionario Fernando Rógel Chaler y el actual comisionado rural de El Mollar, Jorge Cruz, estarían bajo la lupa por presuntas maniobras para facilitar la “legalización” del emprendimiento.
El círculo se completa con Jessica Mamaní, nuera de Trujillo, y Damián Romano, nieto de Castro, señalados como vendedores de los lotes en el mercado informal.
La causa se perfila como un caso emblemático de usurpación de tierras fiscales en Tucumán y podría marcar un precedente en la lucha por preservar los recursos naturales frente al avance de proyectos inmobiliarios irregulares. Mientras tanto, los ojos están puestos en la audiencia de la próxima semana, donde la Justicia podría imputar formalmente a los supuestos responsables de haber loteado y comercializado tierras de una reserva natural protegida.