La investigación federal por narcotráfico y lavado de dinero en Juan Bautista Alberdi avanza con fuerza. El fiscal Rafael Vehils Ruiz, titular de la Unidad Fiscal Federal de Tucumán, confirmó que investiga una presunta asociación ilícita que operaba desde el municipio y que habría tenido vínculos con actividades relacionadas al narcotráfico y al blanqueo de activos.
Entre los principales imputados figuran Luis “Pato” Campos, ex intendente de Alberdi; su pareja, la legisladora Sandra Figueroa; el empresario Roque “Chipi” Jiménez; y el ex secretario de Hacienda José del Carmen Roldán. Todos ellos fueron señalados en el audio viral que detonó la intervención municipal y abrió expedientes tanto en la Justicia provincial como en la federal.
Vehils Ruiz intentó detener a todos los implicados, con excepción de Figueroa —protegida por fueros legislativos—, pero su pedido fue rechazado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, debido a un vicio procesal. A pesar de ese revés, la causa sigue sumando nombres y evidencia.
Uno de los nuevos identificados es Pablo “Maceta” Barrionuevo, ex secretario de Desarrollo Municipal, mencionado en el audio como parte del entramado. Barrionuevo fue detenido recientemente por orden de la fiscal Mónica García de Targa, en el fuero provincial.
Otro nombre que circula con fuerza es el de Juan Lezcano, ex secretario de Obras Públicas y cuñado de Campos. Aunque se informó erróneamente su detención, fuentes judiciales confirmaron que no está aprehendido, aunque sí bajo investigación. Lezcano habría tenido un rol clave en la contratación directa de empresas durante la gestión municipal. Además, fue noticia a comienzos de año por denunciar un millonario robo en su casa, hecho que ahora también está siendo revisado con otros ojos.
En el caso de José “Cucha Mota” Funez, la situación es más ambigua: fue detenido por la justicia ordinaria, pero en el expediente federal declaró como testigo. Sin embargo, el fiscal no descarta imputarlo más adelante si surgen indicios de su participación delictiva.
Una de las novedades más relevantes es que la Justicia Federal ya autorizó el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados por Gendarmería Nacional. Se trata de celulares, computadoras y otros soportes digitales que podrían contener pruebas clave de la red de vínculos, operaciones financieras y contactos de los investigados.
El fiscal Vehils Ruiz inició esta causa tras recibir una noticia criminis, motivada por la viralización del audio en el que se escuchaban referencias a manejos de fondos, presuntos vínculos con el narcotráfico y reparto de poder entre figuras políticas y empresarios del sur provincial. Si bien aún no se especificó si se trata de narcomenudeo o tráfico de escala, la gravedad de los delitos en investigación abre la puerta a futuras detenciones y más imputaciones.
Fuente:Contexto