Con la Resolución 4/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación publicada hoy, se reglamentó la forma en que deben exhibirse y publicitarse los precios de bienes y prestaciones ofrecidos a destinatarios finales, en el marco del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que se ha venido impulsando desde la ONG Lógica.
Esta norma reglamenta el artículo 99 de la Ley 27.743 de Medidas Fiscales que dispone que todos los sujetos que realicen ventas a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios, el importe final que deba abonar el consumidor final y el importe neto sin la incidencia del IVA y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, acompañado de la leyenda “precio sin impuestos”.
Desde el 1 de abril de 2025 los vendedores deberán informar, con letra menor a la utilizada para la exhibición del precio final, el importe neto sin la incidencia del IVA y de los demás impuestos nacionales indirectos que impacten en los precios, acompañado de la leyenda “precio sin impuestos nacionales”.
Esto regirá tanto para la exhibición de precios en comercios como para anuncios publicitarios emitidos por cualquier medio.
Pero no será obligatorio para comercios que expendan productos al peso y usen balanzas electrónicas que emitan tickets.
El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor fue impulsado por la ONG Lógica, asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad. Lógica lanzó esta propuesta a mediados de 2023 mediante una petición en Change.org y propuso a los candidatos la suscripción de un compromiso de impulsar la sanción de este régimen, que fue firmado por el entonces candidato Javier Milei, quien ya como presidente decidió honrarlo a través de la ley sancionada por el Congreso Nacional que fue reglamentada por sendas resoluciones de ARCA y de la Secretaría de Industria y Comercio.
Desde Lógica, su presidente, Matías Olivero Vila, señaló que “esta resolución complementa la resolución general 5614 de ARCA del mes pasado».
Por lo cual, el consumidor no sólo empezó a ver en el ticket, desde el 1ro de enero, cuánto pesan los impuestos en el precio final, luego de haber realizado la compra, sino que con esta nueva resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también lo podrá saber antes de la compra, tanto en las publicidades que se hagan, como también en la misma góndola.
Explicó que «en el antecedente del régimen de Brasil este aspecto se regula mediante un cartel visible en el establecimiento que informa cuánto es la carga fiscal nacional, provincial y municipal de una compra promedio de ese comercio, lo cual es de fácil implementación. Con esta nueva resolución, la Secretaría ha ido más profundo y al detalle, exigiendo que la información se encuentre en la misma góndola, producto por producto. Veremos cómo se implementa en todos los comercios y especialmente en los más pequeños. Y si surgen inconvenientes, las autoridades tendrán el cartel genérico como alternativa”.
Olivero Vila advirtió que “la falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana».
«Este proceso ha sido funcional a que terminemos con los impuestos y la inflación más altos del mundo. Con las dos resoluciones de ARCA y de la Secretaría se terminan los 50 años de la inaceptable prohibición de mostrar los impuestos al consumidor. El saber los tributos que soportamos nos empoderará para involucrarnos y exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y los políticos sabrán que los tributos excesivos que sancionen irán al ticket y a las publicidades de precios. Este saber le dará poder al ciudadano y así el votante decidirá en la oferta electoral”, señaló.
Olivero consideró que se está frente a una «oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el ‘momentum’ de cambio cultural generado por las actuales autoridades. El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas para que, más allá del signo político gobernante, nunca más lo fiscal sea una cuestión exclusivamente política y se convierta en una cuestión ciudadana y del Estado, tal como la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia”.