La causa que involucra a Roque “Chipi” Giménez por presuntas irregularidades con obras públicas, vínculos con el narcotráfico y posibles delitos federales dio un giro significativo tras la audiencia celebrada este martes. A instancias de la fiscal Mónica García de Targa, el auxiliar fiscal Bernardo Sassi expuso ante el tribunal una serie de datos que, hasta el momento, se mantenían bajo estricta reserva y que podrían marcar el rumbo de una investigación federal de gran envergadura.
Entre los elementos más alarmantes revelados en el debate, se encuentra la sospecha de posibles casos de trata de personas. Según Sassi, a partir del análisis del audio viralizado que desató el escándalo institucional en Juan Bautista Alberdi, surgen indicios que sugieren la existencia de una red de venta de menores en esa ciudad, lo cual ya está siendo analizado por la Justicia Federal.
Otro aspecto que llamó la atención fue la descripción del estilo de poder que Giménez habría propuesto al entonces intendente Luis “Pato” Campos. De acuerdo con los fiscales, el empresario planteaba un esquema de control absoluto que incluía el manejo de la policía local, el narcotráfico y hasta decisiones sobre la vida de terceros. Esta visión extrema de gobierno se desprende de sus propias declaraciones grabadas.
Además, durante la audiencia, Giménez relató un episodio de violencia vinculado al sindicalista José “Cucha Mota” Funez, quien lo había denunciado por el robo de materiales de su empresa. Según su versión, Funez lo interceptó en plena calle, le bloqueó el paso con un vehículo y realizó disparos intimidantes. Este hecho será también evaluado por la fiscalía como parte del entramado de presiones y amenazas que rodeaban al empresario.
El Ministerio Público también señaló los vínculos de Giménez con personas involucradas en el narcotráfico. El acusado reconoció haber sido víctima de intimidaciones por parte de Carlos “Kokoz” Rodríguez, señalado como mano derecha del ex secretario de Hacienda José Roldán, actualmente investigado por lavado de activos. Rodríguez, sin embargo, se encuentra detenido en Orán, Salta, por un doble homicidio con características narco, dato que Giménez omitió mencionar.
El análisis de antecedentes arrojó que el imputado posee dos causas activas: una por resistencia a la autoridad en la Justicia provincial y otra, de reciente inicio, por drogas, en el fuero federal, derivada de la viralización del mencionado audio.
Otro dato que causó inquietud fue el domicilio declarado por Giménez en su DNI de 2021: el ex Mercado Municipal, edificio público donde luego su empresa fue contratada para realizar remodelaciones. La empresa, Giménez Consulting Groups, fue fundada en febrero de 2022 y adjudicada para obras clave como la sala velatoria municipal y la recuperación del mercado. Según el acusado, estos fueron los únicos trabajos que realizó para el municipio, aunque no pudo precisar si las contrataciones fueron por licitación o adjudicación directa.
En su declaración, Giménez afirmó ser el único dueño de la firma y aseguró que su madre, Susana del Valle Argañaraz, sólo lo acompañaba en la vida, aunque en el acta de fundación ella figura como socia. Ante esto, sostuvo que “ella no tiene nada que ver con esto”.
Durante los procedimientos judiciales, el equipo de Sassi constató que la empresa no posee sede física activa. El lugar consignado como dirección en los documentos fundacionales estaba completamente vacío al momento del allanamiento, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una firma “fantasma”.
Como cierre de la exposición, el auxiliar fiscal detalló que en otro allanamiento se secuestró documentación relacionada a los trabajos realizados, junto con una carta manuscrita dirigida al exintendente Campos. El escrito llevaba un sugestivo título: “Cómo hacerse rico”.
La audiencia dejó al descubierto no sólo el alcance de las actividades de Giménez, sino también el nivel de informalidad y posibles delitos conexos que podrían derivar en nuevas imputaciones. La fiscalía avanza ahora con el análisis de pruebas secuestradas y evalúa los pasos a seguir en coordinación con la Justicia Federal.
Fuente: Contexto