El origen del juicio contra la Argentina por la estatización de YPF consiste en una cláusula incluida en el estatuto de la compañía de realizar una oferta pública de compra que contemple a todos los accionistas.
Cuando Argentina expropió las acciones mediante una ley del Congreso lo hizo sobre las tenencias de la empresa española Repsol e ignoró las acciones que tenía el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía está envuelto en sospechas.
Este incumplimiento de igualdad de oferta fue lo que disparó el juicio que hoy sentencia a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones.
Los tribunales de Estados Unidos condenan a Argentina al incumplir una cláusula que afecta a los accionistas de una empresa que cotiza en Wall Street.
La jueza Loretta Preska, la magistrada que heredó el litigio del juez Thomas Griesa, no juzga la decisión del país de expropiar la compañía ni los derechos soberanos del país para tomar esa decisión, sino que esa acción va en contra de los intereses de una parte de los accionistas de la empresa que no tuvieron el mismo trato.
Si bien el gobierno ya anunció que apelará la orden de Preska, esta acción no resulta gratis porque, como la condena está firme, corre el pago de intereses, una cifra que se aproxima a los US$ 2 millones diarios.
Burford Capital es el fondo de inversión beneficiario cuya acción se disparó ayer en contraposición a la caída del papel de IFF, quien le compró el derecho a litigar al Grupo Petersen. La compra se originó en la quiebra de Petersen llevada a delante por un juzgado de Madrid, a raíz de que tras la expropiación YPF dejó de pagar dividendos y provocó el colapso de la compañía.
El juicio se abre en 2015 y en septiembre de 2023 Preska falla contra el país con la obligación de pagar US$ 16.000 millones.
El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, sostuvo que existen argumentos legales para cuestionar el fallo de Preska y planteó dos acciones.
Preska ordenó el pago con acciones, lo cual viola la ley argentina por lo cual consideró apropiado una ley del Congreso que ratifique esa condición. Y al mismo tiempo sugirió un per saltum a la Corte Suprema, para que el máximo tribunal le ordene al Poder Ejecutivo que entregue las acciones por violar la ley argentina.