El Ministerio Público Fiscal aguarda un informe clave para definir el futuro de los efectivos policiales denunciados por cobrar millonarios sobornos a una organizadora de fiestas en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena, mientras otro expediente expone una presunta asociación ilícita dedicada a usurpar y vender viviendas de manera fraudulenta.
Las primeras acusaciones surgieron tras la denuncia de una mujer que aseguró haber pagado entre $ 800.000 y $ 1,5 millones semanales a efectivos de la Unidad Regional Norte (URN) para evitar operativos policiales que frustraran sus eventos.
Con la fiscal Mariana Rivadeneira al frente del caso, se ordenaron 10 allanamientos en domicilios de policías y particulares, donde se secuestraron celulares y documentación. Aunque por ahora no hubo detenciones, las pruebas recopiladas —capturas de mensajes y comprobantes de transferencias bancarias, incluso a una cuenta donde un comisario percibe su salario— abrieron un abanico de sospechas sobre una presunta estructura organizada de recaudación ilegal.
Este proceso se da apenas una semana después de otro escándalo: en un operativo encabezado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, se descubrió que el entonces jefe de la URN, Gustavo Beltrán, utilizaba a cuatro condenados y a dos policías para realizar remodelaciones en una vivienda de El Cadillal levantada en terrenos fiscales.
La causa derivó en prisión preventiva para Beltrán y dos sargentos, además del pase a disponibilidad de al menos ocho efectivos. Beltrán, su segundo Sergio Juárez y el comisario Walter Colombres —vinculado al Caso Gargiulo, donde se comprobó un procedimiento defectuoso en una causa de drogas— figuran en ambos expedientes y ya fueron dados de baja por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo.
Mientras la tensión crecía, otro frente estalló ese mismo día: fueron detenidos el comisario retirado y ex director de Tránsito municipal, Jorge Mastafá, y el comisario en actividad Marcelo Soraire. Están imputados por integrar una asociación ilícita que, según la investigación de la fiscal María del Carmen Reuter, usurpaba viviendas con problemas sucesorios o sin herederos, falsificaba documentación y las vendía a terceros.
El caso salió a la luz al analizar el teléfono del efectivo Edgardo Daniel Chavarría, investigado inicialmente por quedarse con alquileres de un centro comercial; entre los mensajes, surgieron indicios de maniobras delictivas de mayor escala.
Según los querellantes, Mastafá y Soraire no solo habrían identificado los inmuebles vulnerables, sino también facilitado documentación y obstaculizado denuncias para garantizar que la red pudiera operar sin sobresaltos. La causa involucra además a civiles y a un abogado.
Desde la Jefatura de Policía, Joaquín Girvau se mostró categórico: “Si se confirma, no sólo quedarán fuera de la fuerza, sino que esperamos que reciban el máximo castigo que establece la Ley”. Agüero Gamboa, por su parte, defendió la conducción policial y afirmó que los casos forman parte de un proceso de depuración: “Por 10, 15 o 20 efectivos que no merecen el uniforme, no puede mancharse a una fuerza de más de 13.400 personas”.
A pesar de la gravedad de los hechos y del cruce de nombres entre ambas investigaciones, desde el Gobierno afirmaron que no habrá cambios en la cúpula policial por el momento. Las autoridades aseguran que seguirán colaborando con la Justicia y que las decisiones administrativas se tomarán en función de los informes que lleguen desde los tribunales.
El tablero institucional permanece en alerta: dos expedientes avanzan, los implicados se multiplican y la presión política crece al ritmo de cada nueva revelación. Mientras tanto, la fuerza de seguridad más grande de la provincia enfrenta una prueba decisiva de credibilidad.