Un negocio informal de compra-venta que se practica desde hace mucho tiempo con fines estéticos, se convirtió de pronto en un tema polémico que se instaló como debate en las redes sociales y hasta demandó la intervención de la Policía tucumana, debido a la aparición ene escena de supuestos compradores son paraguayos que ofrecen dinero a cambio de la cabellera de menores de edad.
No se trata, como ocurría desde que se comenzó el curioso negocio, de peluqueros en busca de materia prima para crear extensiones.
Según la investigación que realizó la Policía, desde mediados de año, personas oriundas de Paraguay andan por los barrios más humildes de Alderetes, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Las Talitas y San Miguel de Tucumán, en busca de tan delicada materia prima.
En ocasiones contratan a terceros, a quienes pagan una comisión, para que hagan contactos con potenciales clientes en zonas en las que hasta la propia fuerza de seguridad tiene problemas para ingresar.
También suelen colocar carteles en las paradas de ómnibus y en centros concentración vecinal, especialmente comercios de cercanía, planteando la misma oferta comercial, mediante un número de contacto vía de WhatsApp con característica de nuestra provincia.
Los compradores negocian la compra de cabello de niños y adolescentes ofreciendo entre $ 60.000 y $ 100.000 según la extensión, la cantidad y la calidad del producto.
Pero lo que sólo podía definirse apenas como una situación irregular se volvió una preocupación cuando una mujer se presentó en la comisaría de Alderetes para denunciar que una pareja de paraguayos llegó hasta su vivienda para comprarle el pelo de sus dos hijas a las que habían visto jugando en la puerta de su casa.
Según la exposición de la denunciante, al rechazar la propuesta, le avisaron que se las llevarían a la fuerza. El caso tomó estado público, generando una ola de preocupación pero según las autoridades policiales que intervinieron, todo fue desmentido.
Al parecer, según las fuentes policiales, el problema habría comenzado cuando los compradores, aduciendo la calidad del pelo de las pequeñas, decidieron pagarle menos de lo que habían ofrecido en un primer momento a través de una tercera persona, por lo que la mujer decidió denunciarlos.
Días después la Policía dio con el auto que denunció la mujer en el puesto limítrofe Cabo Valentín Jiménez, rumbo a Santiago del Estero, procediendo a detenerlo a la espera de instrucciones para definir su situación procesal, hasta que la fiscal Mariana Rivadeneira ordenó que se los identificara y determinara sus domicilios, constatando que residían en la provincia vecina y que efectivamente se dedicaban a la compra de cabello.
En Alderetes la situación generó preocupación y hasta psicosis desde el momento en que por las redes sociales se viralizaron fotografías de un automóvil gris con dominio paraguayo que circulaba por esa ciudad.
Esto forzó al propietario del rodado, oriundo de ese país, a presentarse a las autoridades para ponerse a disposición de la justicia, donde le informaron que no estaba bajo investigación por delito alguno y que denunciara cualquier tipo de situación que pudiera derivar de la difusión de los datos de su rodado.
La fiscal Rivadeneira atendió todas las situaciones que se se originaron por este tema, pero no tomó ningún tipo de medidas al entender que no había ningún tipo de ilícito, limitándose a recomendar a la Policía que estuvieran atentos a cualquier situación que se pudiera registrar.
Algunos abogados coincidieron con la mirada de la funcionaria judicial sobre la ausencia de delito, pero otros encontraron una contradicción con la Declaración de Derechos Humanos, en la parte que condena la venta de una parte del cuerpo por necesidades económicas.