La suba del dólar de $ 1.150 a $ 1.300 en el último mes y medio puso de manifiesto la necesidad del Gobierno de controlar las tarifas para evitar un impacto sideral en las facturas de luz y gas que recaliente la inflación y haga tambalear su performance en las próximas elecciones.
Es que los costos de la energía están directamente vinculados a la evolución del dólar, en un país sin una moneda confiable desde hace décadas. La producción de gas está dolarizada, la generación eléctrica tiene costos y remuneraciones en la moneda estadounidense y los combustibles dependientes del petróleo, al tener un comercio internacional, están ligados al tipo de cambio.
Una decisión concreta que tomó el Gobierno fue asumir un mayor gasto en subsidios durante el invierno para atenuar el efecto de traslado a las tarifas. Un ejemplo: el gas de producción nacional tiene un costo de 3,13 dólares por millón de BTU en promedio entre octubre y abril, y casi US$ 4 el resto del año, a lo que se suma el costo de las importaciones.
Pero para no provocar un fuerte aumento de las boletas que sea noticia poco antes de las elecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó -al igual que el año pasado- que el Estado se hiciera cargo por completo del costo de importar gas de Bolivia y Gas Natural Licuado (GNL) por barcos a unos US$ 14 no trasladarlo a las tarifas.
Por otra parte, Economía decidió reducir el precio del gas en dólares a US$ 3,07 en junio y a US$ 3,045 en julio. Esa baja del precio mayorista compensa la suba del tipo de cambio que se aplica, que es el promedio de las cotizaciones de los días hábiles que van del 1 al 15 de cada mes. En mayo ese promedio del mes anterior arrojó $ 1.101 por dólar; en junio, $ 1.144; en julio, $ 1.184,90; y en agosto estará bien por encima de los $ 1.200.
El objetivo de las medidas oficiales fue que las tarifas tuvieran un incremento final en línea con la inflación (en torno a 1,5% a 2% promedio) compensando bajas en dólares, subas del tipo de cambio y actualizaciones mensuales por inflación pasada de los componentes regulados, como el transporte y la distribución.
El mayor gasto en subsidios de estos meses, que recién se verificará en las cuentas públicas tras el invierno, también se ve compensado en sentido contrario por el reempadronamiento de 2,1 millones de usuarios que dejaron de tener la ayuda del Estado y un mayor recupero de los costos en verano. Además, en el primer semestre los subsidios a la energía tuvieron un ajuste real de 62% contra el período enero-junio 2024.
Mientras tanto, la suba del dólar también eleva los costos en pesos de la electricidad, que este invierno rondaban los US$ 70 por megavatio-hora, mientras que los precios que se trasladan a las facturas también se van moderando de acuerdo a las necesidades políticas de La Libertad Avanza. Nada nuevo en la historia reciente, con la diferencia de que ahora los contratos de concesión están normalizados y hay previsibilidad regulatoria hasta 2030.
Por el lado de los combustibles, el Gobierno no interviene directamente en los precios. Pero la suba del dólar y el alza del petróleo en los últimos 50 días generó un atraso en la nafta súper que hasta el sábado -previo al ajuste de YPF a primera hora del domingo- rondaba el 15%, según ejecutivos del sector.
Las petroleras entienden que su demanda no puede convalidar los precios de mercado y absorben pérdidas, mientras se amplía la brecha entre los valores de YPF y sus competidores.