La Casa Rosada encara una doble parada clave en diciembre: el 9 presentará la reforma laboral y el 15 buscará el dictamen del Presupuesto 2026 en Diputados. La hoja de ruta es exigente y expone las tensiones que atraviesan las negociaciones en el Congreso, donde Unión por la Patria (UxP) intentó convocar una sesión esta semana pero fracasó. Los gobernadores, que mantienen conversaciones directas con Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo, no le dieron el respaldo necesario.
El Congreso inicia una nueva etapa. En la semana juraron 13 senadores y el miércoles lo harán los diputados, en un recambio que modifica por completo la correlación de fuerzas. En la Cámara alta habrá veinte legisladores libertarios, mientras que en la baja La Libertad Avanza (LLA) busca convertirse en primera minoría y disputar la conducción de las comisiones. En paralelo, el bloque de UxP se achica y pierde influencia con el correr de los días, a la par del crecimiento de la bancada libertaria.
Los movimientos de los gobernadores marcaron otro punto de inflexión. El jueves, Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) confirmaron la decisión de conformar un bloque federal por fuera de UxP. Las provincias prefieren negociar con Javier Milei antes que con Cristina Kirchner, a quien consideran sin margen de maniobra político ni recursos para ofrecer. Hubo otra una señal adicional de acercamiento: LLA ayudó al PRO a aprobar el Presupuesto porteño en la Legislatura. El diálogo, hasta hace poco improbable, toma volumen.
Con este nuevo escenario, Santilli ya tendría asegurados 120 diputados y 37 senadores para aprobar el Presupuesto antes del 31 de diciembre. La reforma laboral, presentada por el Gobierno como “absolutamente necesaria”, tendrá un recorrido más extenso y áspero. La sanción podría demorarse hasta abril o mayo, y aun entonces quedará un desafío adicional: sortear la resistencia de la justicia laboral, que —según señalan en el oficialismo— está fuertemente influenciada por el kirchnerismo.
Fútbol y economía, los otros frentes abiertos
La política no fue el único terreno agitado de la semana. La pelea abierta entre el Gobierno y Claudio “Chiqui” Tapia, sumó capítulos consecutivos. Milei volvió a apuntarle al presidente de la AFA y publicó dos veces la camiseta de Estudiantes; Federico Sturzenegger difundió un estudio que sostiene que los fallos arbitrales benefician sistemáticamente a Barracas Central; y Patricia Bullrich calificó a Tapia como “mafia” y “casta”. El conflicto se suma al histórico rechazo de Tapia a las Sociedades Anónimas Deportivas.
En materia económica, el INDEC informó que el EMAE creció 0,5% en octubre y acumuló una suba del 5% en lo que va del año. El Gobierno aguardaba la cifra con expectativa luego de varios meses de recesión. El repunte se apoyó en el alza de la intermediación financiera (39%), que compensó una nueva caída de la industria (-1%). El sector manufacturero arrastra tres meses consecutivos de baja interanual, según la medición de la UIA.
El consumo muestra señales mixtas. La Cámara Argentina de Comercio registró un crecimiento interanual del 1,9% en los hogares, pero el INDEC reportó caídas en supermercados (-13,1%) y shoppings (-3,4%), en línea con los datos recientes de la consultora Scentia. El bolsillo, admiten en el sector privado, todavía no repunta.
A eso se sumaron tres golpes empresariales: Essen despidió a 29 empleados; Whirlpool cerró una planta que había inaugurado en Pilar hace apenas tres años, desvinculó a 200 trabajadores y pasó a importar; y Granja Tres Arroyos cerró otra planta en Entre Ríos.
Pese a estos indicadores, Caputo insistió en que el dólar no está atrasado y afirmó que, de ser así, la Argentina no estaría exportando al nivel actual. El ministro será orador el miércoles próximo en el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).
En cuanto a la inflación, noviembre está prácticamente definido: según consultoras privadas, cerrará cerca del 2,3%, similar al registro de octubre. El desafío será diciembre, históricamente un mes de mayor presión. Aun así, el Gobierno anticipa un cierre anual que rondará el 30%, un número que —según admiten en despachos oficiales— parecía inalcanzable hace apenas un año.