Primero la Iglesia puso el grito en el cielo porque el Gobierno detuvo la distribución de alimentos para los pobres por haber puesto en marcha una auditoría en la implementación de la ayuda y un reempadronamiento de los comedores populares.
Después lo hizo por la retención de comestibles también destinados a la ayuda alimentaria a los más necesitados en dos galpones. Ahora, la piedra de la discordia es el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad ante un delito de 16 a 13 años que el Gobierno envió días pasados al Congreso.
La iniciativa legal, que esta semana comenzará a ser tratada en comisión por los legisladores, se basa en el hecho de que los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes, lo que “genera una situación de injusticia”.
Crea un régimen penal juvenil para adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código penal, donde se establece una pena máxima de 20 años, pero prohíbe la reclusión perpetua. Los menores serían encarcelados en “establecimientos especiales” o “secciones separadas” de las penitenciarías.
En la última semana, varios obispos se pronunciaron en contra de la medida, fundamentalmente por considerar que es una medida que no va al fondo de la problemática de la delincuencia juvenil, que requiere que sus causas sean debidamente atendidas a través de la contención afectiva y de la educación.
Por lo tanto, dicen, “el hilo se cortará por lo más fino”, al privar de la libertad a menores que, en muchos casos, son víctimas de mayores de edad que los envenenan con la droga y/o los usan para delinquir.
El primero en hablar públicamente fue el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi -un clérigo muy apreciado por Francisco, que lo puso al frente de la arquidiócesis cordobesa y lo distinguió con la púrpura cardenalicia-, quien consideró que bajar la imputabilidad “no es el mejor camino (para combatir la delincuencia juvenil), por lo que sería mejor pensar otro modo, sobre todo en la línea de la educación, porque en el fondo todos nuestros críos que delinquen tan chicos están sin educación, están en la calle”.
En declaraciones a Radio Universidad de Córdoba, Rossi admitió el tremendo dolor que sufren los familiares de una víctima fatal a manos de un menor, al señalar “que ciertamente se siente mucha bronca cuando un crío de 15 años mata a un pariente, a un ser querido”. Pero dijo creer que “estructuralmente la solución más real tiene que ir por otro lado, tiene que estar en línea con la contención, en línea con la educación de los chicos y, cuando llegue el momento, en línea con el trabajo”.
Por su parte, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, se preguntó: “¿Por qué los menores que cometen delitos están bajo la línea de la pobreza? ¿Por qué no delinquen quienes asisten regularmente a la escuela, comen bien, duermen de un modo adecuado, practican deportes, participan de fiestas? Estos niños nunca durmieron a la intemperie, no vieron de cerca un arma, no tienen familiares, ni vecinos en la cárcel”. Aunque, aclaró, “no todos los que no terminan la escolaridad son delincuentes”.
“Ante un problema serio que emerge, se propone una solución espasmódica: adelantar la edad de ingreso al penal, como si fuera un camino corto que resuelve el problema, pero sin ir a la raíz”, lamentó. Y completó: “Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado”. Además, objetó que “se piensa gastar más dinero en construir cárceles o dependencias para bajar la edad de imputabilidad e ingresar a menores desde los 13 años, pero no se propone invertir en espacios de prevención”.
Uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires, Gustavo Carrara, también se interroga si “el problema son los menores pobres en conflicto con la ley o el problema profundo y de raíz es la decisión y voluntad de sostener a lo largo del tiempo una política de inclusión e integración social”. Y señala que “los menores que son llevados al delito por organizaciones criminales son sus víctimas” y que “el Estado debe alejarlos de esa opción, en lugar de reafirmarlos en su rol de delincuentes”.
Carrara se manifiesta a favor de “un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza, con todas las garantías del proceso, sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, manteniéndola en 16 años. Esto sería más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, con la Convención de los Derechos del Niño. En ese marco aparecen caminos concretos: la justicia restaurativa, la mediación, la remisión de casos, las medidas no privativas de la libertad”.
Concluye citando al Papa Francisco: “Los estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a las políticas de inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás”, completa el pontífice.
En esta cuestión -como en tantas otras- la Iglesia no la tiene fácil porque hay una opinión mayoritaria en la sociedad a favor de la baja de la imputabilidad, según las encuestas. Y porque no parece que su voz y los conceptos del Papa hagan cambiar de opinión al presidente Javier Milei, un férreo defensor de la baja de imputabilidad bajo la consigna “delito de adulto, pena de adulto”. Pero el debate en el Congreso -donde el oficialismo es clara minoría- promete ser intenso. /TN