A través de la resolución 7147/2024, el Gobierno de Javier Milei prorrogó la suspensión de la pauta oficial. La medida, que lleva la firma de Manuel Adorni, fue oficializada este lunes 30 de diciembre y se justificó como parte de un plan para profundizar “los criterios de austeridad y eficiencia” en el uso de los recursos del Estado. Sin embargo, el anuncio tiene una trampa: solo la Administración Pública Nacional tendrá prohibido pautar, pero las empresas públicas o público-privadas podrán destinar dinero a publicidad y propaganda sin rendir cuentas ni dar explicaciones, tal y como sucedió en el 2024.
El asunto de la pauta puede incluirse en la larga lista de relatos del Gobierno libertario. En su cruzada contra la prensa, Javier Milei y sus funcionarios se jactan de haber suspendido las partidas de dinero estatal a los medios de comunicación. Sin embargo, esto no solo es falso, sino que los criterios a través de los cuales se asignaron las partidas que sí existieron fueron un misterio. La modificación de la reglamentación a la Ley de Acceso a la Información Pública le permitió a las autoridades no dar detalles sobre los gastos ni sus beneficiarios.
Con la noticia de la prórroga sucedió algo, de mínima, llamativo. Apenas se publicó en la medida en el Boletín Oficial se produjo una confusión: en el primer párrafo de la resolución se hace mención un decreto viejo, el 984/09, en el que se da una explicación general de la pauta y se habla de la Administración Pública Nacional, el Banco de la Nación Argentina y las empresas comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156.
La mayoría de los portales de noticias publicaron este lunes que el Gobierno había suspendido la pauta de la Administración Pública Nacional y también del Banco de la Nación. PERFIL se comunicó con la Casa Rosada para entender el detalle de la norma. La primera pregunta fue si la decisión ahora alcanzaba a organismos como YPF, Afip (ARCA) o Aerolíneas Argentinas. “Entiendo que sí”, fue la respuesta de uno de los responsables de prensa del Ejecutivo nacional.
Si ese era el caso, era una gran novedad: después de un año de una aparente suspensión, que la nueva resolución alcanzara a las empresas públicas dejaba afuera del juego a las “otras cajas” que utilizó el oficialismo en 2024. Cuando se consultó el motivo del supuesto cambio, la respuesta de Casa Rosada fue: “Estamos en contra de la pauta oficial. Y bueno, nos decían que suspendíamos la pauta pero que no cumplíamos”.
Es imposible saber si la respuesta fue por improvisación, ignorancia o falta de interés por aclarar algo que se había replicado con errores a lo largo de toda la jornada. Pero lo cierto es que la nueva resolución es exactamente igual que el decreto de 2024 (el texto, de hecho, aclara en el segundo párrafo que el Banco Nación y las empresas públicas fueron excluidos).
La suspensión “hipócrita” de la pauta oficial
PERFIL se comunicó con cuatro profesionales que trabajan e investigan el tema: Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e investigador principal del Conicet; Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano; Agustín Espada, director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes; y Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad de San Andrés. Todos coincidieron en que el Gobierno hace un doble juego: decir que no hay plata ni pauta y, en paralelo, distribuir dinero a medios, productoras y periodistas sin revelar los parámetros de asignación.
Espada, junto a José Jiménez, publicó un informe detallado en Chequeado a partir de información oficial sobre gastos de publicidad y propaganda por parte del Estado a partir de los balances presentados por las empresas públicas.Una de las conclusiones fue que las compañías gastaron un 90% menos que en 2023, salvo YPF que mantuvo la misma inversión en términos reales que en el último año de gobierno de Alberto Fernández, con un total de $33.170 millones entre junio y junio de 2024.
“YPF no para de hacer pauta. De hecho tiene un contrato con Lionel Messi y sabemos que eso es mucho dinero. Eso también es pauta oficial en la vía pública, que este año creció exponencialmente en una relación de 10 a 1 en comparación al 2023”, explicó Marino.
El experto subrayó que la suspensión de la publicidad oficial en 2023 no solo se cumplió de manera parcial porque hubo organismos con capacidad de pautar, sino también porque “la misma Administración Pública Nacional, desde septiembre en adelante, también lo hizo. Se observó con el blanqueo y la AFIP, cuando todavía no se llamaba ARCA”.
Becerra calificó el anuncio de la prórroga de “hipócrita”. “Los organismos que pautaron en 2023 no solo hicieron actividades de marketing de la propia empresa, sino que también trabajaron para promocionar al gobierno nacional, incluso con pasajes y traslados a animadores oficialistas, dinero a productoras de programas de televisión, radio, medios escritos y digitales. Todo eso se hizo a través de estas empresas”, sostuvo.
Pauta y acceso a la información: las preguntas que las autoridades evitan responder
El fantasma de que el Gobierno distribuye dinero entre sus medios amigos está instalado desde hace meses. Y, aunque para ser justos, vale decir que es una vieja práctica de los gobiernos en Argentina, se trata de un mecanismo que nada tendría que ver con el discurso anti política, anti privilegios y anti casta de Milei.
Becerra se refirió a otro de los grandes fantasmas que hay sobre el asunto: “No sabemos cuánto del presupuesto de la Side está dirigido a realizar propaganda oficialista en radio, televisión y medios escritos. No lo sabemos, entre otras cosas, por la reserva que existe sobre los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado y, además, porque Milei modificó la ley de Acceso a la Información Pública”, sostuvo.
La modificación a la reglamentación de dicha ley, a través del decreto 780/2024, fue clave para que en 2023 los detalles sobre la pauta oficial fueran una gran incógnita. PERFIL hizo una serie de solicitudes para conocer los gastos de publicidad y propaganda de las empresas estatales. Las respuestas fueron variadas: el Banco Nación contestó que había destinado un total de $1.608.442.495,69 y Aysa $3.803.460. En ningún caso se incluyeron detalles sobre cómo se distribuía el dinero o sus beneficiarios.
Las autoridades de Aerolíneas Argentinas, en cambio, respondieron que esa información era “secreta” y se respaldaron en el decreto que modificó la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública. Con el acompañamiento y patrocinio de la clínica jurídica y gratuita de Poder Ciudadano, el caso llegó a la Justicia.
“No hay criterios objetivos de distribución de este dinero, que muchas veces se entrega a los más amigos, a los que tratan bien al Gobierno. Esto es importante porque, simplemente, el dinero es nuestro. No es de la clase política, de Aerolíneas Argentinas, de AYSA o de YPF, sino que son los recursos de los ciudadanos y la ciudadanía tiene que poder conocer absolutamente todo lo que gasta el Estado”, subrayó Secchi.
Marino relató la misma dificultad a la hora de conocer cómo circuló el dinero que pautó la AFIP (actual ARCA) a partir de septiembre: “Se escudan en la modificación del decreto de Acceso a la Información Pública y es muy difícil saber cuánto se gastó, cuáles fueron las campañas y en qué medios. Que hubo pauta se sabe, pero quedan todavía muchas preguntas: ¿hubo asignación directa?, ¿hubo licitación?, ¿qué tipo de campañas fueron?”, contó.
Sin posibilidad de acceder a respuestas formales desde la publicación del decreto 780/2024 y con voceros oficiales que, en lugar de aclarar o explicar, alimentan la confusión, la pauta oficial en 2025 promete seguir siendo un gran misterio. La única certeza es que sí hay plata… para algunos.
Fuente: Perfil