Con la aprobación del Presupuesto 2026, el oficialismo intentará este viernes alcanzar una última victoria legislativa antes de cerrar el año. Más allá de los pormenores del proyecto que fija el rumbo de los gastos e ingresos para el próximo año, con su sanción el Gobierno también apuesta a cumplir con uno de los compromisos que le hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la última revisión del acuerdo.
En agosto, cuando se aprobó el primer examen del programa de US$20.000 millones, el equipo económico presentó un listado de 12 propuestas de gestión que estaban previstas para cumplirse entre noviembre de 2025 y fines de 2026.
En ese escrito, el Gobierno prometió enviar al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026 “con la regla de déficit cero”. “El proyecto de presupuesto contendrá un marco fiscal de mediano plazo, que incluirá una declaración detallada de riesgos fiscales y escenarios adversos”, indica el documento.
De esta manera, con la aprobación del Presupuesto, el Ejecutivo busca dar una señal de cómo quedará plasmado el marco fiscal de su plan económico para el año próximo. El presidente, Javier Milei, incluso anticipó que no vetará el proyecto si sufre modificaciones y que acomodará las partidas para asegurar el superávit fiscal.
El objetivo no es menor si se tiene en cuenta que el superávit de las cuentas públicas es una de las variables más relevantes en la evaluación del programa con FMI, cuya segunda revisión está prevista por los equipos del Palacio de Hacienda para febrero.
De todos modos, ese no es el único compromiso asumido ante el Fondo. El Gobierno también especificó que publicaría a mediados de noviembre de 2025 un informe de las empresas estatales incluidas en la Ley Bases junto con una hoja de ruta para su privatización. De acuerdo a lo que pudo saber TN, ese documento fue elaborado por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales y direccionado al Ministerio de Economía, aunque los detalles no fueron compartidos.
En el escrito también figuran la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que se oficializó en noviembre, y la eliminación de los fondos fiduciarios (con excepción de aquel destinado a subsidios de gas residencial). Si bien este objetivo avanzó notablemente, todavía quedan en pie el Fondo de Garantía Argentino (FOGAR), el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), el de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
Sumado a esto, el Gobierno precisó que publicaría un informe sobre la implementación de varias de las recomendaciones clave del GAFI en relación con el abordaje para cuestiones vinculadas al lavado de dinero; y aseguró que completaría la integración de las bases de datos de un registro social único, en colaboración con el Banco Mundial, para “focalizar el apoyo social”. Asimismo, señaló que desarrollaría una propuesta para “mejorar la eficiencia y la simplicidad” del sistema tributario y ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF). De estas últimas propuestas no se conocieron novedades.
Las pistas del plan económico 2026
Sobre el final del informe aparecen dos propuestas anotadas para 2026 que podrían servir como una suerte de pista para lo que viene. En primer lugar, el equipo económico anticipó que a fin de diciembre del año que viene presentaría al Congreso un informe de “diagnóstico y opciones de revisión” del sistema previsional, “con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad” para “mejorar la relación entre contribuciones y beneficios”. Además, sostuvo que daría a conocer un proyecto para modernizar la Legislación de Responsabilidad Fiscal.
Más allá de las iniciativas descriptas en ese apartado, hay dos compromisos de alta relevancia para el vínculo con el FMI. Por un lado, el organismo advirtió a lo largo de los últimos meses que el Gobierno debía poner en marcha un programa de acumulación de reservas que le permita cumplir con las metas plasmadas en el acuerdo y cubrir sus compromisos de deuda, además de que recomendó avanzar hacia un esquema cambiario más flexible. A raíz de ello, el Banco Central anunció hace unos días modificaciones en el régimen de bandas de flotación -que se actualizarán de acuerdo al índice de inflación- y un plan para comprar desde US$10.000 millones y hasta US$17.000 millones.
Por último, en la primera revisión del acuerdo, el Ejecutivo también le anticipó al FMI que concretaría un nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas por el cual la segmentación vigente se eliminará y se pasará a un sistema con dos categorías: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía. Estos cambios se formalizarán en los próximos días.