El juicio al que fueron llevados 42 imputados por haber tenido alguna participación en los hechos que derivaron en la sedición policial del año 2013 concluyó con 11 condenados, de los cuales solo cuatro recibieron una pena de cumplimiento efectivo. Las sensaciones post sentencia fueron, en su mayoría, de conformidad y cautela. La defensora Aurora Díaz Argañaraz, que representó a Diego Darío Urquiza, uno de los condenados, fue la única que se mostró públicamente disconforme con el fallo y adelantó que lo apelará. Otro de los detalles que incluyó la sentencia de los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, fue la de dejar las actuaciones de este juicio a disposición de las partes que deseen abrir una investigación contra el ex gobernador José Alperovich, el ex ministro de Seguridad Jorge Gassenbauer, el ex secretario del área, Paul Hofer, como también al actual titular del ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, y al ex subsecretario de Seguridad, César Ramón Nieva, por la posible comisión del delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.
Fueron condenados a prisión efectiva Diego Alberto Herrera (5 años y 8 meses), Federico Antonio Castro (5 años y 6 meses), Diego Darío Urquiza (5 años) y Carlos Alberto Reyna (3 años); y sentenciados a penas de 3 años condicional: Sergio Omar Hogas, Mario Leonardo Erik Galarzo, Ariel Antonio Herrera, Ángel Ariel Romano, Luis Alberto Herrera, Lucio Marcelino Medina y Néstor Raúl Salinas.
“Estamos muy conformes con las condenas. Esto demuestra la responsabilidad penal de quienes pusieron el peligro el orden público, el orden democrático y a todos ciudadanos de la provincia. Hoy esas personas tienen nombre y apellido, hoy se hizo justicia. Todos recordamos aquellos fatídicos hechos, aquellas días y noches que estos condenados dejaron el vilo a la provincia dando lugar a los desmanes, robos, saqueos y pérdidas económicas irreparables para muchos comerciantes, incluso muchos de ellos dejaron de ejercer su actividad en nuestra provincia”, destacó a La Gaceta José María Molina, quien representó a la Provincia como querellante. Soledad Lozano, que también querelló para la Provincia, dijo en entrevista con Elocho que analizarán los fundamentos para ver si apelan determinadas absoluciones, y agregó un mensaje para la Policía: “no se puede realizar un reclamo salarial ni una reincorporación mediante la fuerza, estamos en un estado de derecho. Que se solicite por la vía y forma que corresponda, no por la fuerza”.
Los auxiliares Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño, dirigidos por el fiscal Daniel Marranzino, dieron una breve conferencia tras el fallo. “Como lo afirmamos en nuestras conclusiones, no existían dudas de que se configuró el delito de sedición como lo exige nuestro código. Tampoco hay dudas de que participaron más personas de las que pudimos traer a juicio, pero bueno, las pruebas que conseguimos en la investigación nos permitieron acusar a las personas a las que acusamos”, dijo Arch.
Apelación
“No estamos conformes y desde ya adelantamos que apelaremos. Mi defendido es inocente, no hubo ninguna sedición, sino una simple protesta salarial y hay jurisprudencia a su favor. Voy a esperar para conocer los argumentos de la sentencia, pero me parece que fue arbitraria”, dijo Aurora Díaz Argañaraz, defensora de Urquiza. En entrevista, remarcó que Urquiza estaba trabajando cuando ocurrieron los saqueos y que cumplió funciones en Lules. “Humildemente creo que los responsables fueron Alperovich y su ministro Gassenbauer, porque ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando”, analizó. Igual se expresó Julieta Jorrat, cuyo defendido fue absuelto, y quien durante el debate oral también apuntó a la necesidad de investigar a los funcionarios políticos de esa época. El 2 de agosto se conocerán los fundamentos del fallo.
El ex jefe de Policía Jorge Racedo era uno de los nombres más importantes que integraba la lista de imputados en el caso por la sedición policial ocurrida en 2013 y que derivó en una serie de saqueos y crímenes. Luego de escuchar a los testigos y ver las pruebas del caso, en los alegatos finales el ministerio Público Fiscal desistió de acusarlo de haber participado en algún delito, pero la querella del gobierno de la Provincia mantuvo su acusación hasta el final y solicitó que fuera condenado a seis años de prisión. Los jueces finalmente lo absolvieron. /La Gaceta