El caso de Víctor Hugo Herrera, un interno alojado en la comisaría de Los Pocitos que falleció tras ser brutalmente agredido por sus compañeros de celda, sumó un nuevo y decisivo capítulo: el informe preliminar de la autopsia confirmó que la muerte fue consecuencia directa de las torturas sufridas en cautiverio. La Justicia ya analiza ampliar la causa para investigar la actuación del personal policial de la dependencia, bajo sospecha de haber omitido su deber de custodia o incluso de encubrir el crimen.
Herrera, de 37 años, cumplía una condena de tres años por robo y estaba a pocos meses de recuperar la libertad. El 1 de mayo fue internado de urgencia en el hospital Padilla y falleció al día siguiente. Según la denuncia de sus familiares, el interno fue atacado el martes 29 de abril por otros presos, quienes lo golpearon, le tatuaron la palabra “rata” y dibujos obscenos en el cuerpo, intentaron borrar las marcas con quemaduras y le arrojaron harina en los ojos para impedir que identificara a sus agresores.
El informe forense confirmó múltiples signos de violencia: hematomas, fracturas de clavícula y costillas, coágulos cerebrales y quemaduras. Aún no se determinó si hubo abuso sexual, aunque los familiares afirman que Herrera presentaba lesiones en sus genitales. Las dudas sobre cómo ingresaron drogas al calabozo, el origen del ataque y la pasividad del personal policial están ahora bajo el foco de la fiscalía.
El fiscal Carlos Sale, a cargo de la investigación, ordenó el traslado de tres detenidos identificados como responsables del ataque al penal de Benjamín Paz. Sin embargo, el curso de la causa podría ampliarse tras nuevos testimonios, como el de otro recluso que denunció haber sido torturado anteriormente en la misma celda y sobrevivió.
“El calabozo está al lado de la guardia. No escucharon nada, no vieron nada. ¿Cómo es posible?”, cuestionó con dureza Javier Lobo Aragón (h), abogado querellante y representante de la familia Herrera. “Lo agredieron el martes y lo llevaron al hospital el jueves. Evidentemente no recibió atención médica a tiempo. Este crimen no puede quedar impune”, enfatizó.
Los detenidos que compartían celda con Herrera fueron entrevistados por los policías, pero ninguno admitió haber visto lo sucedido. Alegaron que “creían que estaba dormido”. A pesar de esto, permanecen alojados en la misma dependencia, lo que según los familiares representa un riesgo para la integridad de testigos y una eventual obstaculización de la investigación.
Entre las hipótesis que maneja la Justicia, cobra fuerza la versión de que el ataque fue un castigo interno: Herrera habría sustraído una tira de psicofármacos a otro preso. El hallazgo de medicamentos dentro del calabozo desató otra incógnita: ¿cómo ingresaron al lugar?
Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que se abrió una investigación interna sobre el accionar del personal policial. “Se busca determinar si hubo omisión en los controles, negligencia o encubrimiento”, indicaron voceros oficiales.
La causa se encamina a una posible imputación por abandono de persona agravado o incumplimiento de los deberes de funcionario público para los agentes que estaban de turno durante la noche de la agresión.
Mientras tanto, la familia de la víctima exige justicia y celeridad. “A Víctor lo condenaron por un robo, pero lo mataron como si hubiera sido el peor criminal. Lo que pasó en esa comisaría es indignante”, señaló uno de sus hermanos.
En los próximos días, la Fiscalía deberá resolver la situación procesal de los tres presuntos agresores y definir si amplía las imputaciones a los policías involucrados. El caso de Víctor Hugo Herrera ya genera conmoción en la provincia y podría marcar un precedente en la responsabilidad institucional por muertes bajo custodia estatal.
Fuente: Contexto