Luego de que trascendiera el fuerte cruce administrativo entre las máximas autoridades del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), la subinterventora administrativa financiera, Ingrid Lausberg, difundió un comunicado en el que buscó fijar su posición sobre la polémica.
«Considero oportuno expresar que mi compromiso continúa siendo el mismo: desempeñar las funciones que me fueron encomendadas con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto por las instituciones.
No existen diferencias de orden personal con el titular del ERSEPT. Mi designación responde al objetivo de contribuir a optimizar y fortalecer el funcionamiento del Ente, desde el ámbito de las competencias que me fueron asignadas. En ese marco, brego por la armonía, la unidad de acción y el trabajo coordinado entre todas las áreas, convencida de que el fortalecimiento institucional es el camino para brindar un mejor servicio a la comunidad.
Mi responsabilidad es continuar trabajando con seriedad, honrar la confianza depositada en mí y cumplir con las obligaciones inherentes al cargo.
Reafirmo mi compromiso con una gestión basada en el diálogo, el respeto institucional, la legalidad y la vocación de servicio, poniendo siempre por delante el interés público y el correcto funcionamiento del ERSEPT«, señaló la funcionaria.
El comunicado fue difundido después de que se conociera un intercambio de notas y expedientes entre Lausberg y el interventor del organismo, José Ricardo Ascárate, en torno al alcance de las facultades administrativas de cada uno.
La controversia comenzó el 22 de julio, cuando Ascárate remitió la Nota N° 159/2026 a la Unidad de Recursos Humanos del Ersept solicitando un informe sobre la situación de revista de 13 agentes del organismo y otorgando un plazo de 24 horas para responder el requerimiento.
Ese mismo día, Lausberg inició el expediente N° 4217/390-L-2026, mediante el cual intimó formalmente al interventor a cesar «toda orden, instructivo o requerimiento directo» que se emita en materia administrativa y financiera sin la participación de la Subintervención. En esa presentación sostuvo que el pedido realizado a Recursos Humanos excedía las competencias de la Intervención y calificó esa actuación como una «incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública», haciendo referencia a los artículos 246, 248 y 249 del Código Penal.
Además, resolvió avocarse al trámite de la Nota N° 159/2026, instruyó a Recursos Humanos para que toda la documentación requerida fuera remitida previamente a la Subintervención para su «revisión, control de legalidad y posterior remisión», y dejó abierta la posibilidad de poner las actuaciones en conocimiento del Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado y la Justicia Penal.
En su escrito, Lausberg fundamentó su posición en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/3 (MEyP), ratificado posteriormente por la Ley N° 9.982, norma que creó el cargo de subinterventora administrativa financiera. Según planteó, esa legislación le otorgó competencia exclusiva sobre la administración financiera y patrimonial del organismo, por lo que sostuvo que ninguna otra dependencia puede ejercer funciones paralelas en esa materia. También cuestionó el plazo de 24 horas fijado para responder el pedido de informes y lo vinculó con una situación de hostigamiento hacia la responsable de Recursos Humanos, mencionando incluso la existencia de una denuncia penal previa por amenazas contra esa funcionaria.
La respuesta de Ascárate llegó al día siguiente, el 23 de julio. Mediante otra actuación administrativa rechazó los términos de la intimación y sostuvo que el propio artículo 2° del DNU establece que las competencias de la Subintervención rigen «sin perjuicio de las competencias propias de la Intervención», por lo que entendió que continúan vigentes las facultades que le fueron conferidas cuando fue designado interventor único del Ersept mediante los Decretos N° 3/1 y 4/1 de 2024, con las atribuciones previstas para el Directorio en la Ley N° 8.479.
Asimismo, afirmó que el pedido de información dirigido a Recursos Humanos constituye una actuación administrativa ordinaria, contemplada en el Manual de Funciones del organismo aprobado por la Resolución N° 582/24, negó que pudiera configurarse alguno de los delitos mencionados por Lausberg y requirió que la Nota N° 159/2026 fuera contestada sin más demoras por la dependencia correspondiente.
El intercambio se produjo tres meses después de que la Legislatura provincial ratificara el decreto que creó la Subintervención Administrativa Financiera del Ersept y designara a Lausberg en ese cargo, en una sesión que generó cuestionamientos de la oposición. Además, coincidió con un escenario de tensión interna en el organismo y con recientes medidas de fuerza impulsadas por la Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Energía de Tucumán (Ateret), gremio con el que distintos sectores políticos vinculan a la actual subinterventora.