La noticia de que el Ejecutivo nacional evalúa -según dejó trascender el Ministerio de Economía- la posibilidad de suspender o derogar la cuestionada Ley de Alquileres quedó marcada por la incertidumbre en el Congreso: generó sorpresa en el propio oficialismo -que hasta ahora defendió la norma- y escepticismo en la oposición, que cuestiona la decisión por tardía.
La medida fue discutida en un encuentro que mantuvieron el lunes el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. En el Palacio de Hacienda solo indicaron que la decisión está bajo análisis y que podría salir eventualmente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y esa fue la información que llegó a la Cámara de Diputados, según indicaron fuentes del Frente de Todos y del massismo parlamentario.
No sería la primera vez que Sergio Massa busca avanzar con el tema. En noviembre del 2021, el entonces presidente de la Cámara Baja llamó públicamente a buscar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para “suspender” la Ley de Alquileres y sancionar una nueva norma que le de “certeza al propietario y garantías al inquilino”.
Efectivamente, desde entonces, Diputados empezó a debatir en comisiones una modificación de la ley, pero no una derogación. En junio del año pasado, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal (peronistas disidentes y socialistas), un sector de los libertarios y Provincias Unidas (rionegrinos y misioneros, aliados recurrentes del oficialismo) llegaron a un principio de acuerdo con un dictamen unificado.
El dictamen opositor reducía el plazo mínimo de contrato a dos años, en lugar de los tres años de la normativa actual; establecía una actualización entre los tres y los doce meses, con mecanismo a definirse entre las dos partes, contra el plazo mínimo de un año que prevé la ley que rige hasta el día hoy, con una actualización dispuesta por un índice que combina la inflación y la variación del Ripte (que mide la remuneración promedio de los salarios registrados).
El Frente de Todos, en cambio, decidió mantener en su dictamen el núcleo de la norma sin modificaciones, es decir, el plazo mínimo de tres años de contrato y el método de ajuste anual, pero incluyó “incentivos” impositivos para las propiedades en alquiler, en un intento para ampliar la oferta.
En un escenario de fuerte paridad en la Cámara Baja, ni oficialismo ni oposición lograron llevar el proyecto al recinto para aprobarlo. Por eso sorprendió este martes la información que dejó trascender el Palacio de Hacienda: después de todo, el Frente de Todos había rechazado hasta ahora derogar la ley o modificar sus puntos clave.
“Por el momento no hay nada, solo llegó que Massa lo está estudiando. Pero no podes derogar una ley por DNU, tenes que sancionar otra ley y de eso no llegó nada al bloque”, dijo a TN un diputado de la bancada oficialista.
Los jefes de las bancadas que integran Juntos por el Cambio se enteraron a través de los medios y al comunicarse con los referentes del oficialismo solo encontraron “sorpresa”. Hoy, los sectores más duros de JxC, con el PRO a la cabeza, reclaman avanzar directamente con la derogación de la ley y no con su modificación.
“Sería llamativo que habiendo decenas de proyectos en el Congreso para modificar la Ley de Alquileres y cuando el Frente de Todos la defendió tanto, el Gobierno ahora vaya a avanzar con una derogación o una suspensión, salteándose además al Congreso con un DNU”, consideró un diputado de la coalición opositora.
El Interbloque Federal, que integran tres peronistas de Córdoba, tres de Buenos Aires y dos socialistas de Santa Fe, esperará a una confirmación oficial para tomar una postura.
“No hay ley, ni derogación, ni modificación de ley por más buena que sea que vaya arreglar el problema de los alquileres en este momento, porque es uno de los cientos de miles de precios de la economía que están atravesados por una inflación del 100% anual. Sería una medida aislada, tardía, que no va a tener efectos positivos en lo inmediato”, opinó, sin embargo, el jefe de la bancada, Alejandro “Topo” Rodríguez, que también recordó que el oficialismo defendió la norma hasta ahora.
Por otra parte, si el presidente Alberto Fernández, a través de un DNU, avanzara en una suspensión o derogación de la norma, reabriría el debate sobre los límites del Ejecutivo para “gobernar por decreto” y sin intervención del Congreso, como denunció la oposición.
Eventualmente, el DNU debería especificar si las negociaciones de los alquileres quedarían bajo un nuevo marco normativo o volverían a quedar sujetas al que existía antes de las sanción de la ley, aprobada en junio del 2020 durante el gobierno del Frente de Todos, pero impulsada por Juntos por el Cambio durante la gestión de Mauricio Macri.
Los DNU presidenciales son válidos mientras no sean tratados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que no funciona hace más de un año, que está bajo control oficialista y que acumula a esta altura unos 70 decretos sin revisar. En cualquier caso, para rechazar un decreto la comisión debería dictaminar y la invalidez debería ser aprobada en el recinto de las dos cámaras del Congreso por mayoría, algo hoy sumamente improbable.