Luego de que el presidente Alberto Fernández resolviera abonar con títulos públicos el fallo de la Corte Suprema, el gobierno de la Ciudad rechazó la decisión. “Sigue sin respetar las instituciones”, expresaron fuentes de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Tras varias reuniones en la sede porteña de la calle Uspallata, la cúpula del gobierno porteño resolvió que la Procuración de la Ciudad reclame que “se arbitren los medios necesarios” para el cumplimiento de la resolución. En ese sentido, insisten con que “los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”.
Asimismo, el escrito presentado en la Corte señala: “Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan”.
Este lunes, el Presidente lanzó un extenso mensaje a través de sus redes sociales en la que explicó que “instruí a la JGM (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.
“Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, agregó Alberto.
El ministro de Gobierno, Jorge Macri, fue el primer encargado en responderle, también desde sus redes sociales: “Las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre el Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad”.
Por otra parte, en la seguidilla de tuits, el Presidente indicó que el fallo “carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”.
“Las políticas públicas que dispone el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”, añadió.
“Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, agregó Alberto Fernández.
Por ese motivo, sostuvo: “He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
Además, informó, que “he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.
Fuente: TN.com.ar