Un grupo de ex trabajadores de TRANSNOA S.A., la empresa de Transporte de Energía Eléctrica del Noroeste Argentino, realizaron una presentación en la Justicia Federal para ser reconocidos como querellantes en el marco de una causa que investiga la presunta comisión de graves delitos de corrupción que involucran a funcionarios, exdirectivos y sindicalistas.
La acusación apunta a una estafa multimillonaria, estimada en más de 43 millones de dólares, relacionada con el Programa de Propiedad Participada (PPP) de la compañía, un esquema que prometía a los empleados una parte del capital accionario y beneficios económicos.
Con el patrocinio del abogado Juan Andrés Robles, las víctimas, entre quienes figuran Ramón Francisco Beltrán, Isaías Daniel Gonzales y José Carlos Carrizo, solicitaron ante la Justicia Federal que se investigue la conducta de TRANSNOA S.A., la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), el Banco de la Nación Argentina (como banca fiduciaria) y el Ministerio de Economía (como órgano de contralor). En la denuncia, se advierte que las personas implicadas habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, estafa, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, falsificación de documentos y lavado de activos.
El PPP de TRANSNOA S.A. se implementó en abril de 1995, en el marco de las privatizaciones de empresas estatales, con la promesa de otorgar a los trabajadores el 10% del capital accionario de la empresa. Sin embargo, los denunciantes aseguran que, pese a que transcurrieron casi 30 años de vigencia del programa, “nunca recibieron ningún beneficio económico, participación en ganancias, ni la amortización o actualización del valor de las acciones». Según los denunciantes, esas acciones que les corresponderían “siguen prendadas en Fideicomiso en el Banco Nación».
La presentación judicial detalla una serie de maniobras delictivas sistemáticas que habrían perjudicado a los extrabajadores. El abogado de las víctimas afirma: «Creemos que estamos en presencia de una asociación ilícita». Se acusa a esta organización de haber constituido comités ejecutivos y de haber designado directores obreros a través de «asambleas ficticias», manipulando así las decisiones y el uso de los fondos del PPP en detrimento de los 219 empleados adherentes al programa.
Entre los señalados en la denuncia figuran el fallecido Julio Ernesto Luna, exsecretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Tucumán, y Luis Enrique Chemes, también integrante de esa entidad gremial, quienes, según los denunciantes, «manipularon todo, armaron las asambleas ’truchas’, e impusieron a las autoridades del comité ejecutivo y a los Directores Obreros que supuestamente nos representaban». En la causa que está en manos de la Justicia Federal se busca determinar si estas personas incurrieron en el delito enriquecimiento ilícito mediante el uso indebido de los valores y fondos de las acciones del PPP.
La presentación también involucra a Daniel Eufemio Frontera, ex alto directivo de TRANSNOA, y a la FATLyF en la supuesta creación de «empresas satélites» inscriptas como constructoras para evadir el convenio colectivo de Luz y Fuerza, dando de alta a trabajadores bajo el régimen de la UOCRA. Además, se menciona a los escribanos Juan Carlos Benedicto (fallecido) y Lidia del Valle Pardo por su presunta participación en el encubrimiento, al haber dado «fe pública» a «actas falsas» que desviaban los fondos del PPP. «Para actuar impunemente, la asociación ilícita constituyó diversos comités y desvió fondos del PPP mediante actas falsas», señala el texto judicial, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso.
La denuncia sostiene que se habrían elaborado balances, inventarios y cuentas de pérdidas y ganancias falsas con el fin de «no denunciar las ganancias para no ingresarlas al PPP y perjudicar». El cálculo de los daños y perjuicios, a falta de acceso a la información contable completa, se estima en U$S 43.800.000, más intereses y costas, solicitando la intervención de un perito económico-contable para su determinación exacta.
Los extrabajadores denuncian una constante negativa de acceso a la información vital de la empresa y del PPP. A pesar de haber intentado normalizar la situación a través de asambleas autoconvocadas y de haber sido reconocidos por el Banco Nación en abril de 2023, la entidad bancaria, en su rol de fiduciario, habría admitido que el Comité Ejecutivo del PPP estuvo acéfalo desde 2013 hasta 2023 y que la nueva conformación no tenía «aval legal», lo que, según el abogado de las víctimas, evidencia una «inoperancia y connivencia de la banca fiduciaria».
«Tras 30 años de invisibilidad, estamos decididos a llevar adelante nuestro reclamo», afirman los damnificados. Además, responsabilizan a TRANSNOA S.A., FATLyF y al Banco de la Nación Argentina por su «inacción y por no cumplir con las cláusulas del Contrato de Fideicomiso». Con esta solicitud de querella, buscan que la Justicia Federal investigue a fondo y garantice sus derechos a ser escuchados antes de cualquier decisión que pueda afectar el curso de la acción penal, tal como lo establece la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
Fuente: Contexto