La relación entre Javier Milei y Luiz Inacio Lula da Silva se vuelve a poner a prueba a pocos días de que se crucen por primera vez, en el marco de la cumbre del G7 que se hará en Italia. Ocurre que entre sesenta y cien partidarios de Jair Bolsonaro que participaron del asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023 -pocos días después de la asunción de Lula como presidente- y que en los últimos meses huyeron a la Argentina, pidieron a la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), ser aceptados como refugiados por razones políticas. Esos pedidos a la CONARE se presentaron cuando se enteraron de que la justicia brasileña iba a pedir su captura internacional.
Este viernes, ese pedido de captura comenzó a volverse palpable en la Argentina, ya que el Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió una lista de 143 prófugos de la Justicia y a través de la embajada de Brasil en Buenos Aires le pidió al gobierno de Milei que informe cuantas personas de esa lista se encuentran en el país. Ese pedido es considerado el paso previo al pedido de extradición.
Según altas fuentes en Brasilia, el pedido de extradición de la justicia de ese país a la de Argentina llegaría en las próximas horas, una jugada a través de la cual Brasil intentará adelantarse a una definición de la CONARE sobre el pedido de refugio. Si este organismo estatal, que está integrado por representantes de distintos Ministerios y con participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y algunas ONGs, se pronuncia en favor de que la Argentina conceda el refugio, decenas de bolsonaristas acusados de delitos gravísimos en su país no podrían ser extraditados de manera tan simple. En cierta forma, el solo hecho de que esos pedidos hayan ingresado a la CONARE puede ser un factor de freno de la extradición.
Según el derecho argentino, un refugiado es alguien «que previamente ha completado una solicitud, ha sometido sus peticiones a evaluación y ha recibido aprobación». Las personas que tengan solicitudes de refugio presentadas y aún no evaluadas ni han recibido aprobación son solicitantes de asilo.
La embajada de Brasil en Argentina, que comanda Julio Bitelli, sigue este caso muy de cerca. Las cancillerías actúan como «correos» de las decisiones de los jueces de Brasil y de la Argentina, que son quienes pueden pedir la extradición y aceptarla en este caso. La embajada argentina en Brasilia aún espera la llegada del diplomático Daniel Raimondi, que será el nuevo representante argentino.
Este jueves, el juez Alexandre Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, y quien está al frente de la investigación, ordenó la detención de 208 personas que están siendo investigadas, o ya fueron condenadas por el cinematográfico asalto a las instituciones de la democracia en Brasil sólo siete días después de que asumiera Lula. El líder del PT le había ganado a Bolsonaro, su acérrimo enemigo, que jugó por la reelección y el 8 de enero de 2023, una turba de miles de personas atacó las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial e ingresaron a eses edificios del Estado, en un remedo de lo que había sido el ataque al Capitolio de Washington, cuando el 6 de enero de 2021 miles de partidarios de Donald Trump invadieron el congreso estadounidense.
Según informaron las autoridades de la Policía Federal de Brasil, las fuerzas de seguridad localizaron a 49 de los atacantes de Brasilia, pero los demás siguen prófugos y se los acusa ahora también de huir al exterior y de burlar medidas cautelares. Varios de ellos tenían tobilleras electrónicas y las rompieron para evitar ser localizados. En Brasil afirman que los prófugos entraron sobre todo a la Argentina, aunque también fueron a Paraguay y Uruguay.
De hecho, Clarín tiene la información de que desde hace varios meses muchos de esos prófugos fueron entrando a la Argentina por distintas fronteras, terrestres y aéreas, y lo hicieron de manera legal. Se ampararon en que para circular por países del Mercosur sólo se exige la presentación de la cédula o documento de identidad nacional. Si la persona que viaja no está registrada en bases de datos como alguien buscado o con pedido de capturas, las autoridades migratorias no la puede retener.
Si bien la Policía de Brasil estimó en las últimas horas que el número de los que entraron a la Argentina ascienden a 65, las autoridades locales consideran que ese número están más cerda de los 100. El paradero de ellos es desconocido y entre los que pidieron refugio hay personas de todo tipo de profesiones, incluso pequeños empresarios.
En círculos diplomáticos hay temor de que Milei quiera satisfacer a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, y a su hijo Eduardo Bolsonaro, con quien tejió lazos de amistad al punto de que los invitó especialmente a su asunción presidencial el 10 de diciembre pasado. Ese día, los Bolsonaro recibieron trato preferencial y Lula no vino. Por supuesto, los Bolsonaro quieren evitar que sus partidario sean extraditados.
El 1 de junio, Eduardo Bolsonaro, que es diputado por San Pablo, vino a Buenos Aires y expuso en el salón Los Pasos Perdidos de Diputados. En ese discurso solicitó «asilo político” de la Argentina para los militantes de su espacio que enfrentan causas penales por el ataque del 8 de enero. Bolsonaro y otros legisladores no fueron recibidos por el Ejecutivo, aunque hay una versión, no confirmada, de que el legislador brasileño estuvo con el Presidente en Olivos.
La actividad del Congreso fue organizada en soledad por la diputada María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza (LLA). «Es lamentable que estas personas en Brasil estén recibiendo condenas de 14 a 17 años por cuenta de lo que pasó el 8 de enero», cuestionó Bolsonaro metiendo presión al Gobierno y argumentando que había una «persecución judicial» contra «personas que estaban protestando a kilómetros» respecto al lugar del intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.
A Bolsonaro hijo no lo recibieron ni el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Fernando Iglesias, ni tampoco Martín Menem. Pero la auto bautizada Asociación de Familiares de Víctimas del 8 de enero se filmó frente a la CONARE y difundieron en las redes sociales que los bolsonaristas estaban pidiendo en Argentina “asilo político” para estas personas.
Si bien la CONARE -que todavía no aceptó la solicitud de los bolsonaristas- debería considerar el asilo político de manera independiente y sin presiones, es claro que su funcionamiento está atravesado por la política. Vale recordar los numerosos pedidos de refugio que durante el kirchnerismo se concedieron por posicionamientos políticos de cercanía con ese espacio.
En este momento, hay seis venezolanos opositores al chavismo con asilo politico en la embajada argentina en Caracas. Llevan allí tres meses. La situación habría sido impensada durante la gestión de Alberto Fernández.
Que la CONARE de la era Milei -aún con autoridades en transición- le conceda el asilo a uno solo de los bolsonaristas sería una afrenta muy dura para el gobierno de Lula. Los dos mandatarios, que no tienen relación alguna se verán durante el G7 y deberían también verse en el Mercosur, de Asunción, el 8 de julio próximo.