Un reclamo que inició todo: ¿por qué había diferencias en los registros?
La denuncia de la Municipalidad ante la Justicia penal por presunto fraude a la administración pública por $500 millones se inició como consecuencia de un reclamo del Poder Ejecutivo a San Miguel de Tucumán, en agosto de 2024. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, envió a la intendenta Rossana Chahla una notificación formal con el desagregado del pasivo que tenía el Municipio. Entre distintos conceptos, encendió las alarmas una diferencia sustancial en cuanto a las asistencias financieras reintegrables: según la Casa de Gobierno, la deuda asciende a los $500 millones y fueron habilitados en 2020 mediante dos decretos de $250 millones cada uno (N°947/3 y N°1.798/3). Sin embargo, en la documentación oficial del Municipio sólo encontraron asentada una deuda por $250 millones.
Al revisar los registros contables surgieron más dudas que certezas. Ocurre que las autoridades actuales detectaron que entre junio de 2020 y febrero de 2021, la Provincia giró a la Municipalidad un total de $1.000 millones: $500 millones como aportes financieros reintegrables y $500 millones como fondos no reintegrables. Según la denuncia radicada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, el cruzamiento de datos bancarios permitió establecer que en la cuenta registrada del Ejecutivo Municipal ingresaron sólo $500 millones, en cuatro desembolsos de $125 millones cada uno (la mitad por fondos reintegrables y la otra mitad como no reintegrables). Esos datos permitieron establecer que había una segunda cuenta a nombre de la Municipalidad, pero no oficializada. Allí se giró el dinero que no aparece en los registros y de allí surge la diferencia entre lo contabilizado por la Provincia y la Municipalidad.
Cruzamiento bancario: ¿por qué se abrió una segunda cuenta corriente?
Consultado por este diario, el intendente Germán Alfaro rechazó la denuncia que radicó la Municipalidad que conduce Chahla y que quedó en manos del fiscal regional Fernando Blanno. El titular del PJS afirmó que no sabe de qué se trata lo que se pidió a la Justicia que investigue y remarcó que no fue contactado por el caso. Por otra parte, consideró que las acusaciones responden a cuestiones políticas y electorales dado que él se encontraba completamente alejado del escenario político hacía más de un año. Opinó que la intendenta lo usa para desviar la opinión pública sobre la gestión y para solapar que se encuentra enfrentada con el gobernador Osvaldo Jaldo. Consultado por la prensa, el ex intendente evitó expresarse sobre los $500 millones que se piden investigar dado que dijo que desconoce el contenido de la denuncia. Respecto a la segunda cuenta a nombre de la Municipalidad, manifestó que es normal que una Intendencia tenga más de una cuenta.
Según se volcó en la denuncia que impulsa el fiscal municipal Conrado Mosqueira, el cruzamiento de datos bancarios permitió establecer que Alfaro envió una nota en carácter de intendente al Banco Macro el 2 de junio de 2020 para solicitar la apertura de una cuenta corriente oficial para el municipio. De acuerdo con la denuncia, en esa segunda cuenta se giró la mitad del total de fondos que se habilitaron para el Municipio mediante decretos del gobernador Juan Manzur: cuatro depósitos de $125 millones cada uno, dos por aportes reintegrables y dos por fondos no reintegrables. Las autoridades municipales actuales afirmaron en la denuncia que esa segunda cuenta, que se abrió sólo ocho días antes del primer depósito y que se vació y cerró poco tiempo después del último (febrero de 2021), no fue registrada administrativamente en la Intendencia.
Un pedido ante la Justicia: ¿dónde fueron los $500 millones no registrados?
En la denuncia judicial se plasmó que a través del informe bancario se detectó que los $500 millones faltantes en los registros municipales ($250 millones reintegrables y $250 millones no reintegrables) pasaron por la cuenta a nombre de la Capital pero no registrada en el Municipio. De acuerdo a los datos que se volcaron en la denuncia, esa segunda cuenta “nunca fue ingresada en los sistemas contables ni financieros de la Municipalidad, ni obra acto administrativo de apertura de la misma”. Se indicó que los movimientos de crédito y débito tampoco fueron registrados, por lo que no existe documentación respaldatoria.
“Esto significa que desaparecieron los $500 millones canalizados a través de la cuenta” no registrada, según Mosqueira. Por este motivo, “ante la evidencia de un posible fraude a la administración pública municipal”, se formuló la denuncia en la Justicia. Entre las pruebas ofrecidas por el Municipio se menciona la posibilidad de que se oficie al Banco Macro “para que remita los archivos microfilmados de los cheques por los que se extrajo el dinero de la cuenta, y/o indique quién y de qué forma extrajo el dinero de dicha cuenta desde su apertura hasta el cierre”. /La Gaceta