Un menor de 17 años se transformó en el sexto procesado por el crimen de barrio Aeropuerto, en Banda del Río Salí. El adolescente se presentó ayer ante las autoridades y, por la tarde, fue acusado de homicidio y enviado al Instituto Cura Brochero, donde permanecerá alojado durante cinco meses, según lo dispuso la Justicia.
Ante la falta de noticias sobre su paradero, los familiares de María Azucena Migliorini (67 años) habían comenzado a preocuparse. Un sobrino decidió ir a buscarla personalmente y, con la ayuda de un vecino, descubrió que había sido asesinada. Los informes periciales revelaron que la mujer fue atada, golpeada y torturada antes de que le quitaran la vida con una lanza casera. Además, los atacantes dejaron clavado un cuchillo en su cuello.
Wilson Ángel Palacios (21), que había colaborado con el familiar de la víctima, fue el primero en ser detenido. Testigos informaron que lo habían visto frente a la vivienda de Migliorini y accionando el cierre centralizado de su Volkswagen Polo Track. Fue trasladado a la comisaría de Banda del Río Salí y, cuando era requisado por los efectivos, se le cayó de entre sus prendas la llave del vehículo de la víctima.
Según confiaron fuentes judiciales, en lo que fue considerado una declaración espontánea, el sospechoso reconoció haber estado en el lugar, aunque negó haber participado del crimen. También señaló a Eduardo Daniel “Chueco” Santucho (26), Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y a dos adolescentes de 17 años como los responsables del hecho. Personal de la comisaría de Banda del Río Salí logró detener a cuatro de ellos.
Los defensores de los procesados cuestionaron con dureza la forma en la que quedaron involucrados sus asistidos. Sostuvieron que la acusación se sustenta en un acto ilegal, ya que la declaración de Palacios se produjo sin la presencia de un abogado defensor ni de una autoridad judicial. Sin embargo, existen antecedentes que respaldan este tipo de procedimientos. En esos casos, las personas que escucharon las manifestaciones del acusado declaran posteriormente como testigos. Eso fue lo que ocurrió en la investigación por el crimen de la comerciante Ana Dominé, ya que uno de los sospechosos reveló a los policías quiénes habían participado en el homicidio cometido en 2020.
Allanamientos
Los efectivos de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, realizaron distintos allanamientos para dar con el sexto sospechoso. No lograron localizarlo, pero finalmente el joven se presentó voluntariamente ante las autoridades.
En una audiencia realizada ayer, el auxiliar fiscal Miguel Fernández, siguiendo instrucciones del fiscal Carlos Sale, lo acusó de homicidio triplemente agravado por criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber mediado ensañamiento. Los mismos cargos enfrentan los otros sospechosos.
Durante las medidas investigativas, según confirmaron fuentes judiciales, se secuestraron zapatillas cuyas plantillas serán comparadas con las huellas halladas en la escena del crimen. No sería la primera vez que una pericia de este tipo resulta determinante para esclarecer un homicidio.
En julio de 2020, el párroco de San Martín de Porres, Oscar Juárez, fue asesinado de varias puñaladas. En el lugar del crimen se encontraron pisadas y la entonces fiscal Adriana Giannoni convocó a especialistas para compararlas con el calzado de Jorge Leonardo Herrera, acusado del hecho. Esa fue una de las pruebas valoradas por el tribunal que terminó condenándolo a prisión perpetua.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso LA GACETA, en una de las siete viviendas allanadas los investigadores secuestraron $500.000 que podrían haber sido sustraídos a Migliorini.
Mientras avanza la pesquisa, el fiscal Sale recibió un informe considerado clave: la víctima estaba por iniciar obras de remodelación en su vivienda, por lo que los investigadores sospechan que tenía una importante suma de dinero en efectivo para afrontar esos gastos.
Los pesquisas creen que Palacios podría haber estado al tanto de esa situación y que, junto con los otros acusados, se presentó en la vivienda con la intención de apoderarse del dinero. Como no lo encontraron, habrían torturado a la mujer para que revelara dónde guardaba el efectivo y, finalmente, la habrían asesinado para evitar que pudiera identificarlos.
La investigación aún está lejos de cerrarse. El fiscal Sale sospecha que podría haber más personas involucradas en el brutal homicidio. También resta determinar si alguno de los acusados decide romper el pacto de silencio que, hasta el momento, mantienen los sospechosos.
Fuente: La Gaceta